Foto de EPM.
El riesgo energético en Colombia fue el eje de la advertencia realizada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien aseguró que la minería ilegal y los posibles bloqueos a centrales hidroeléctricas en el norte y nordeste de Antioquia podrían comprometer el funcionamiento del sistema eléctrico nacional.
El Gutiérrez señaló que la minería ilegal en el río Porce ya ha provocado alteraciones en el cauce. Según indicó, esta situación pone en peligro a las comunidades, las vías de acceso y la infraestructura de generación de energía.
Esto pone en peligro a las comunidades, las vías de acceso y la infraestructura de generación de energía, incluyendo presas, casas de máquinas, túneles y estaciones de medición de las centrales Porce II, Porce III, Guadalupe III, Guadalupe IV y Troneras.
Gutiérrez afirmó que, de concretarse los anuncios sobre posibles bloqueos que impedirían el ingreso del personal encargado de operar estas hidroeléctricas, el riesgo energético sería considerable. Explicó que las cinco plantas suman una capacidad instalada de 1.617 megavatios, equivalente aproximadamente al 16% de la energía que consume el país.
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«Si sale una sola hidroeléctrica del sistema o una sola termoeléctrica, inmediatamente hay apagón en el país», manifestó el alcalde al insistir en que el problema trasciende a Antioquia y a Empresas Públicas de Medellín (EPM), ya que se trata de una situación que afecta al sistema energético nacional.
El mandatario paisa también relacionó el panorama con la llegada del fenómeno de El Niño y la reducción de los aportes hídricos, factores que, según dijo, incrementan el riesgo energético en un momento en que la demanda de electricidad podría superar la oferta disponible.
Finalmente, el mandatario paisa hizo un llamado al Gobierno Nacional y al gobierno entrante para que adopten medidas frente a la minería ilegal y las estructuras criminales que, según sostuvo, estarían detrás de estas amenazas.
Las declaraciones se conocieron luego de que EPM alertara sobre posibles bloqueos que podrían impedir la operación normal de cinco centrales hidroeléctricas consideradas estratégicas para el abastecimiento de energía en Colombia.
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