‘Malpar…’: alcalde de Barbosa desafía advertencia de la Procuraduría y desata caos en corrida de toros

El inicio del 2026 en el municipio de Barbosa, Santander, quedó marcado por una fuerte controversia que tiene en el centro del huracán al alcalde Marco Alirio Cortés.

Pese a una advertencia preventiva emitida por la Procuraduría General de la Nación el pasado 29 de diciembre, la alcaldía decidió mantener la corrida de toros en Barbosa programada para el pasado 1 de enero.

La decisión generó rechazo inmediato por parte de colectivos animalistas, activistas sociales y líderes políticos que se desplazaron hasta el municipio para manifestarse de manera pacífica.

Entre los asistentes al plantón se encontraban el representante a la Cámara Cristian Avendaño, el diputado Danovis Lozano, el concejal de Bucaramanga Camilo Machado y el exconcejal Carlos Parra, quienes denunciaron un ambiente hostil por parte de algunos asistentes al evento taurino.

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La polémica escaló luego de que circularan en redes sociales varios videos en los que se observa al alcalde Cortés realizando gestos intimidantes y profiriendo expresiones ofensivas, presuntamente en estado de alicoramiento.

Según los denunciantes, esta actitud habría incentivado agresiones físicas y verbales contra los manifestantes, incluyendo el lanzamiento de objetos como latas y botellas.

A pesar del clima de tensión, el mandatario ingresó al escenario y permitió el desarrollo de la corrida de toros, hecho que quedó registrado en videos donde también se evidencian riñas entre asistentes.

Por otro lado, el diputado Lozano denunció además la presunta presencia de menores de edad en el evento.

Desde el ámbito jurídico, la senadora Andrea Padilla y organizaciones ciudadanas sostienen que el alcalde habría excedido sus competencias, dado que Barbosa no cuenta con tradición taurina ininterrumpida, lo que haría ilegal este tipo de espectáculos según la Ley 2385 de 2024 y la jurisprudencia constitucional.

Ante estos hechos, colectivos ciudadanos solicitaron formalmente a la Procuraduría la apertura de una investigación disciplinaria, y a la Fiscalía General de la Nación evaluar posibles conductas penales como instigación a la violencia y maltrato animal.

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