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En una decisión que marca un precedente en la búsqueda de justicia por crímenes ocurridos durante el conflicto armado, la justicia colombiana condenó a 37 años de prisión a Luciano Marín Buitrago, conocido en el mundo delictivo como alias ‘Iván Márquez’. La sentencia responde a su responsabilidad como determinador en el homicidio de cuatro integrantes del Ejército Nacional en zona rural de Turbo, Antioquia, el 2 de julio de 1997.
Según lo probado por la Fiscalía General de la Nación, la estructura criminal bajo el mando de alias ‘Iván Márquez’ —específicamente el Bloque Noroccidental de las extintas FARC— ejecutó una acción violenta contra militares que se encontraban en una situación de vulnerabilidad extrema.
El contexto: Tras un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58 de las FARC, tres militares resultaron heridos.
Las víctimas: El capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz estaban recibiendo atención médica por parte del enfermero de combate Fabio Pineda Serna cuando fueron interceptados.
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El desenlace: Los uniformados fueron secuestrados y, posteriormente, los tres heridos y el enfermero fueron asesinados por orden de la estructura armada.
El sobreviviente: En el mismo operativo, el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle fue secuestrado y permaneció en cautiverio hasta su rescate el 5 de mayo de 2003.
La investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitió determinar que este atroz crimen no fue un hecho aislado. El actuar de los subalternos respondió directamente a las directrices impartidas por alias ‘Iván Márquez’, quien en ese entonces integraba el secretariado de las FARC y fungía como máximo cabecilla de dicha estructura.
El juzgado especializado halló a Marín Buitrago culpable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.
Esta condena se suma a los esfuerzos institucionales por esclarecer los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto, subrayando la responsabilidad de los altos mandos en la ejecución de actos que vulneraron los derechos fundamentales de los miembros de la fuerza pública y la población civil.
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