Foto tomada de Telemontes de María
Luego de la deportación de Aida Merlano, desde Venezuela a Colombia el pasado 10 de marzo, la excongresista deberá sumar a su listado judicial, el proceso por fuga de presos.
La exparlamentaria está condenada por la Corte Suprema, a cinco años y seis meses de cárcel, por el delito de violación de los topes en campañas electorales, y a 11 años por concierto para delinquir y corrupción al sufragante, y este próximo 29 de marzo será la audiencia de imputación de cargos por su fuga hace tres años.
Mientras tanto, el 21 de marzo, Merlano se reunión, en compañía de su abogado, Miguel Ángel del Río, con fiscales en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, donde durante 10 horas, entregó pruebas y reveló que su fuga fue planeada y financiada por Arturo Char y Julio Gerlein.
En este proceso por el delito de fuga de presos, la defensa pedirá acogerse al principio de oportunidad, que es un mecanismo judicial usado por la Fiscalía General de la Nación para interrumpir, suspender, o renunciar a un proceso penal, teniendo en cuenta las circunstancias exigidas por la ley.
Previo a la imputación de cargos, tiene una cita presencial ante la Corte Suprema de Justicia, el martes 28 de marzo, donde se espera, siga poniendo a girar el ventilador que ha anunciado contra políticos y funcionarios de orden regional y nacional.
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