La Contraloría General de la República ha emitido un comunicado alertando sobre un retraso en el pago de subsidios a las empresas de energía, lo que podría poner en riesgo la continuidad del servicio eléctrico para más de 10 millones de personas en la Costa Caribe, Nariño, Chocó y Puerto Carreño (Vichada). Este retraso se debe a la falta de asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la demora en los pagos por parte del Ministerio de Minas y Energía.
El Contralor General ha solicitado al Gobierno nacional y a las superintendencias responsables que tomen medidas urgentes para evitar la interrupción del servicio, que podría afectar gravemente a sectores esenciales como salud, educación y comercio. Además, la Contraloría destaca la falta de acción de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Superintendencia de Industria y Comercio, a pesar de la gravedad de la situación.
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El informe también señala que la falta de decisión del Gobierno sobre el reembolso de recursos no recaudados durante la pandemia y el incumplimiento de obligaciones por parte de los operadores de red contribuyen a la crisis. Estos factores, junto con la falta de pago de subsidios y problemas en el mercado mayorista de energía, amenazan con interrumpir el suministro.
La Contraloría recordó la importancia de garantizar la seguridad y confiabilidad del suministro energético, mencionando estudios previos que han identificado problemas similares. Además, se ha advertido que la falta de apropiación presupuestal para servicios públicos puede constituir una falta disciplinaria, y se realizarán traslados a la Procuraduría General de la Nación para determinar las responsabilidades correspondientes.
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