Foto caso Beatriz VS Salvador, tomada de amnesty
Beatriz era una jovencita de apenas 21 años, que tenía un hijo de nueve meses cuando le detectaron lupus. Un año después, en el 2013, supo que estaba de nuevo embarazada justo cuando estaba en la sala de urgencias de un hospital de Salvador.
Debido a su enfermedad, al realizarse las primeras ecografías, unos 15 médicos le recomendaron abortar, puesto que el feto estaba creciendo sin cráneo ni cerebro y el embarazo pondría en riesgo su vida, pues su enfermedad traería mayores deterioros, e incluso le dijeron que en caso de llegar hasta el día del parto, en ese momento no sobreviven.
Lastimosamente para Beatriz, vivía en uno de los cinco países de América Latina y donde el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia, por lo que no pudo interrumpir con el embarazo que ponía en riesgo su vida.
A pesar de los avisos que Beatriz hizo a diferentes entidades de Salvador, todos le dieron la espalda: el Estado, los sanitarios y la justicia. Pero, aunque finalmente intervino el sistema interamericano de justicia ya era demasiado tarde, pues esta mujer falleció por deterioros de su enfermedad provocados por un accidente de transito.
La Constitución de Salvador no permite la interrupción del embarazo bajo ningún caso. Según el Código Penal de ese país, las mujeres que abortan voluntaria o involuntariamente son asesinas. “Mata niños”, les dicen en la calle y en la cárcel a las acusadas de aborto, entre quienes están mujeres que han sufrido emergencias obstétricas. Las penas llegan a los 50 años para ellas y 12 años para los médicos que las ayudan.
Pese a la prohibición total, la historia de Beatriz conmovió a parte de un país que lleva décadas peleando por los derechos sexuales y reproductivos de la mitad de la población. En 2013, su caso llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la mano de los abogados de la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico de El Salvador, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ipas y la Colectiva Feminista.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) obligó al Estado a facilitar su aborto. Beatriz logró interrumpir su embarazo 81 días después de la petición, pero su cuerpo no resistió a la enfermedad que ya padecía y que según los médicos se vio agravada por el embarazo. El 8 de octubre de 2017 la mujer falleció tras un leve accidente de tránsito por su debilitadísima condición física.
El caso avanzó hasta la CIDH, la cual fijó la audiencia para los días 22 y 23 de marzo de 2023. Así, la CIDH evaluará por vez primera la convencionalidad de la criminalización absoluta del aborto en la región.
El fallo muy probablemente determinará medidas de reparación para la familia de Beatriz, y también medidas estructurales sobre el aborto en El Salvador que serán vinculantes para el Estado. A su vez, fijará estándares internacionales en la materia que serán aplicables para todos los países que suscribieron la Convención Americana de Derechos Humanos.
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