Foto de archivo.
El presidente Gustavo Petro enfrenta una solicitud de desacato ante el Consejo de Estado, interpuesta por el abogado Germán Calderón. La acción se debe al presunto incumplimiento de la orden judicial que obligaba al mandatario a rectificar sus polémicas declaraciones en las que calificó a las periodistas del país como ‘muñecas de la mafia’.
La controversia se originó el 30 de agosto de 2024, durante la toma de posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín.
En su discurso, Petro afirmó: “las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”.
El abogado Calderón, en representación de la periodista María Andrea Nieto, argumentó que ya transcurrieron los cinco días hábiles otorgados por el Consejo de Estado para que el mandatario ofreciera disculpas a las comunicadoras por haber vulnerado la libertad de expresión y promover la discriminación en el ejercicio periodístico.
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Según el jurista, si el jefe de Estado no acata el fallo en el mismo formato en que emitió sus declaraciones (es decir, mediante una alocución presidencial y la publicación de una nota aclaratoria), podría quedar expuesto a una sanción disciplinaria que implicaría un arresto de hasta cinco días.
La Sala Plena de la Corte Constitucional ya se había pronunciado sobre este caso, considerando las afirmaciones del presidente como una forma de violencia simbólica y discriminación, al vincular a las comunicadoras con estructuras criminales y deslegitimar su labor profesional.
Los magistrados de la Corte, en sus aclaraciones de voto, ordenaron al presidente Petro abstenerse de emitir mensajes futuros que vulneren los derechos de las mujeres periodistas y le recordaron que, desde su alta posición, debe reafirmar su compromiso con el respeto, la igualdad y la no discriminación, promoviendo el diálogo y la inclusión en lugar del señalamiento.
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