Foto de archivo.
En los municipios de Segovia y Remedios, las restricciones impuestas por grupos armados ilegales a la movilidad de los habitantes mantienen en alerta a las comunidades rurales, que además enfrentan dificultades para conseguir combustible y abastecer sus actividades cotidianas.
La situación afecta especialmente a las veredas Río Bagre y Cañaveral, donde las limitaciones al tránsito han dificultado el ingreso de gasolina.
Para mitigar el impacto, el Ejército Nacional acompaña las caravanas que transportan combustible hacia estas zonas, con el propósito de garantizar el abastecimiento de las comunidades.
La falta de este recurso compromete actividades comerciales y mineras, así como el funcionamiento de motobombas y plantas eléctricas. También genera dificultades para el transporte de pasajeros y las rutas escolares, servicios fundamentales para los habitantes de las áreas rurales.
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Óscar Yesid Zapata, coordinador de la Fundación Sumapaz, advirtió sobre una crisis humanitaria que, según indicó, se prolonga desde hace aproximadamente 15 días. El líder denunció la instalación de retenes ilegales, la presencia de hombres armados en las carreteras de acceso a las veredas y restricciones al ingreso de alimentos y combustible. También señaló afectaciones en el sector de Mina Onda, ubicado en límites entre Antioquia y el sur de Bolívar.
La preocupación aumenta por la reciente ola de violencia. Según los reportes citados, se han registrado al menos cinco homicidios en un periodo de 36 horas, en medio de las disputas territoriales entre el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), y el Frente 4 de las disidencias de las Farc.
Ante este panorama, Leonardo González, director de Indepaz, pidió a las autoridades fortalecer la protección de la población civil mediante acompañamiento integral, investigaciones por los asesinatos y acciones que eviten que los grupos armados impongan sus propias normas en el territorio.
Mientras el Ejército mantiene el acompañamiento al transporte de combustible, la Gobernación de Antioquia busca atender el deterioro de la seguridad en esta subregión, donde las comunidades permanecen expuestas a las consecuencias de la confrontación armada.
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