En un operativo conjunto denominado “Operación Little Angels”, autoridades de Colombia, en colaboración con la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE/HSI), lograron capturar a dos hombres involucrados en la producción, distribución y almacenamiento de material pornográfico infantil.
El operativo, realizado el 5 de febrero de 2025 en Cajamarca, Tolima, resultó en la detención de Wilmer Fernando Jiménez y Jorge Humberto Medina. Jiménez fue arrestado por orden judicial, mientras que Medina fue capturado en flagrancia. Ambos se dedicaban a compartir imágenes y videos de abuso infantil a través de aplicaciones de mensajería instantánea, tanto a nivel nacional como internacional.
Durante la operación, las autoridades rescataron a cuatro menores que aparecían en los videos. De estos niños, dos eran hijos de uno de los detenidos, mientras que los otros dos, de 11 y 13 años, eran vecinos de los capturados. Los menores fueron puestos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para garantizar el restablecimiento de sus derechos.
La investigación comenzó tras recibir alertas internacionales del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de los Estados Unidos (NCMEC), en colaboración con Google. A través de estas alertas, las autoridades identificaron 17 archivos con material audiovisual que demostraban el abuso infantil y su distribución en redes clandestinas. Además, se incautaron dos celulares que contenían registros de los abusos y conversaciones en las que los detenidos hablaban de sus crímenes.
Una de las situaciones más indignantes es que uno de los capturados, Jorge Humberto Medina, era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pedregal en Cajamarca, cargo que ocupaba al momento del allanamiento. Ambos hombres también habían sido candidatos al Concejo Municipal de Cajamarca en las elecciones de 2023, lo que ha generado una gran conmoción en la comunidad.
Los dos detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó la captura y les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. La Fiscalía General de la Nación les imputó el delito de “pornografía con personas menores de 18 años” y el proceso judicial continúa.
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