Foto: Achivo
Desde julio de 2024, el Gobierno suspendió los subsidios al gas licuado de petróleo (GLP), afectando a 675.000 personas en seis departamentos.
La medida podría aumentar los precios hasta en un 50%, poniendo en riesgo a hogares vulnerables en Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, San Andrés y Amazonas.
El sector, representado por Gasnova, alerta que la deuda gubernamental con las empresas distribuidoras asciende a 68.000 millones de pesos, sin una solución a la vista.
La falta de apoyo estatal podría obligar a muchas familias a volver al uso de leña, con graves consecuencias para la salud y el medio ambiente.
Además del impacto en los hogares, la crisis amenaza la estabilidad económica del sector, con posibles cierres de empresas y pérdida de empleos.
La incertidumbre sobre el acceso a este servicio básico sigue creciendo, mientras que la falta de presupuesto para 2025 deja sin opciones a los más afectados.
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