La senadora de la Circunscripción Especial Indígena, Aida Quilcué, en una fotografía de archivo. EFE/Orlando Barría
El 25 de abril, líderes sociales de algunos departamentos de Colombia como: Antioquia, Arauca, Norte de Santander, Putumayo, Meta y Nariño; presentaron ante el Gobierno, la Iglesia Católica y a la ONU un informe donde se evalúa las violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitarios entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023.
Según información de organizaciones defensoras de derechos humanos, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, y otros organismos multilaterales; los desplazamientos y confinamientos de poblaciones se dan más en Nariño, Caquetá, Chocó, Arauca y Cauca.
El informe presentado por al menos 70 líderes sociales se hace con el fin de pedir participación en los procesos de diálogo con los diferentes grupos armados.
En 15 territorios se han presentado 318 eventos violentos a nivel nacional entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023.
“No está produciéndose precisamente un cese al fuego y cese hostilidades para generar un mejor ambiente para los diálogos. En estos momentos en nuestras regiones lo que está sucediendo es que hay un ambiente mucho más enrarecido porque ahora los armados se sienten con más intención de intercambiar con los civiles, porque como no están en combates entonces hacen más presencia en los espacios ubicados para la civilidad, se mantienen homicidios, nos preocupan los desplazamientos forzadas y la desaparición de personas, así como la siembra de artefactos explosivos, hay aumento del reclutamiento”, señaló Ani Páez, líder del Magdalena Medio.
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