Foto Policía
Más de $1.500 millones han sido las afectaciones, de los últimos días, contra las finanzas ilegales de organizaciones dedicadas a la explotación ilegal de los recursos naturales en Colombia.
La Policía informó a través de un comunicado, que en lo corrido del mes de febrero, durante la operación San Francisco de Asís, han incautado más de 20.990 kilogramos de mercurio, 21 retroexcavadoras y han destruido 65 de estas máquinas y 250 motores usados para la minería.
En total han sido intervenidas 695 minas en todo el país, donde han capturado a 147 personas en flagrancia.
La operación también ha impactado la seguridad energética del país a través del grupo de operaciones especiales de hidrocarburos, que ha logrado la incautación y recuperación de más de cinco millones de galones de hidrocarburos, capturando 26 ciudadanos quienes se estarían aprovechando ilícitamente de este mineral.
“Gracias a las acciones de nuestras unidades se logró inhabilitar 10 válvulas para la extracción del hidrocarburo de sus ductos, se destruyeron 28 refinerías y 61 marcianos, elementos utilizados para el procesamiento del crudo”, informó la Policía.
Las autoridades informaron que en Tumaco se presentó un enfrentamientos con un grupo armado: “Una de nuestras patrullas fue atacada, por fortuna no tuvimos lesionados de nuestra parte y logramos la incautación de un fusil galil con 8 cargadores y 697 cartuchos para el mismo, además de prendas de uso privativo de la fuerza pública, un radio de comunicación de estos delincuentes y otros elementos de intendencia”, explicó la Policía.
En el mes de febrero fueron capturadas 499 personas por delitos contra la fauna y flora. Delitos como el tráfico de especies exóticas, deforestación (incautando 3.982m3 de madera).
Así las cosas, en 2023 se han puesto a disposición de la justicia, 754 personas por diferentes delitos contra los recursos naturales, que se suman a los resultados reportados en diciembre y enero en los que las afectaciones a grupos ilegales dedicados a estas acciones, superaron los 1.5 billones incluyendo extinción de dominio de bienes fruto de actividades ilícitas.
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