Foto ilustrativa.
Dos exalcaldes de Santa Lucía (Atlántico), un exsecretario de Planeación y un particular, fueron condenados a penas entre 25 y 26 años de prisión, por corrupción.
Según la investigación de la Fiscalía, estas personas participaron en un entramado que se apropió de 285 millones de pesos. que debían ser destinados a la atención de los damnificados por la temporada de lluvias.
Por los hechos el Tribunal Superior de Barranquilla revocó una decisión de primera instancia que había absuelto a los involucrados e impuso condenas ejemplares: de 26 años y 10 meses de prisión para el exalcalde municipal Osvaldo Santana González; de 25 años y 10 meses de prisión para el exalcalde Teodomiro Ariza Medina y el exsecretario de Planeación, Alexander Cortés Polo; y de 9 años de prisión para el ciudadano Reiner Vicente Ravelo Brochero.
“Los hechos investigados ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2011. La fuerte temporada de lluvias afectó a varios municipios de Atlántico, entre estos a Santa Lucía, y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD) destinó auxilios económicos de $1’500.000 para cada familia damnificada. A Santa Lucía le correspondieron 379 millones de pesos para asistir a 253 grupos familiares”, explicó la Fiscalía.
La disposición era que los dineros debían ser entregados para apoyar la reconstrucción de viviendas, adecuación de terrenos para la siembra y adquisición de elementos de primera necesidad, pero el ente investigador, estableció que el exalcalde Santana González pidió al señor Ravelo Brachero realizar el censo de damnificados sin ser funcionario de la alcaldía municipal.
“Se constató en los registros que 63 familias realmente eran damnificadas y recibieron el subsidio; mientras que las otras 190 no vivían en el municipio o residían en Venezuela, por lo que los dineros nunca fueron desembolsados. De esta manera, 285 millones de pesos quedaron en manos de los funcionarios vinculados”, agrega el ente acusador.
Así las cosas, fueron hallados responsables de delitos como falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción.
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