Foto de Federación Nacional de Departamentos.
Una fuerte tensión institucional se desató este jueves 15 de enero luego de que al menos 17 gobernadores anunciaran que no aplicarán varios apartes del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro.
La decisión abre un nuevo pulso entre la Nación y las regiones por el manejo fiscal y la autonomía territorial.
El desacuerdo se centra en el Decreto Legislativo 1474 de 2025, mediante el cual el Ejecutivo introdujo ajustes tributarios durante el estado de emergencia, incluyendo incrementos en el impuesto al consumo de licores, cigarrillos y otros productos.
Para varios mandatarios departamentales, estas medidas afectan directamente las finanzas regionales y trasladan recursos que tradicionalmente han sido de manejo territorial hacia el nivel central.
Uno de los primeros en fijar posición fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien anunció que su administración acudirá a la figura de la excepción de inconstitucionalidad para no aplicar los artículos que considera contrarios a la Constitución.
Según explicó el gobernador antioqueño, el decreto vulnera la autonomía fiscal de los departamentos y pone en riesgo la financiación de sectores clave como salud, educación y deporte.
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Esta postura no es aislada. Al menos 17 gobernadores, reunidos bajo la coordinación de la Federación Nacional de Departamentos, acordaron una estrategia conjunta mientras la Corte Constitucional adelanta el control automático de constitucionalidad del decreto.
Desde las regiones se insiste en que el impuesto al consumo es una renta cedida que no hace parte del Presupuesto General de la Nación.
La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió que el aumento de estos gravámenes podría incentivar el contrabando y reducir el recaudo real, afectando directamente programas sociales financiados con esos recursos.
Desde el Gobierno Nacional, la respuesta no se hizo esperar. El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión como un “mal precedente institucional” y advirtió sobre posibles consecuencias legales para los mandatarios que desconozcan una norma con fuerza de ley.
Mientras tanto, los departamentos reiteraron que su actuación se ajusta a los límites constitucionales y que la última palabra la tendrá la Corte Constitucional.
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