Reclutamiento y control armado: la amenaza que ronda a dos municipios de Nariño

El riesgo de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes encendió las alarmas de la Defensoría del Pueblo en Ricaurte y Mallama, dos municipios del piedemonte costero de Nariño donde la presencia de grupos armados ilegales amenaza la seguridad de las comunidades.

La entidad emitió la Alerta Temprana 025 de 2026 y pidió medidas para evitar que el escenario de control territorial derive en nuevas afectaciones contra la población civil. La advertencia también incluye a comunidades indígenas y campesinas, líderes sociales, firmantes de paz, comerciantes, transportadores y personal de las misiones médicas.

Reclutamiento y presión sobre las comunidades

Entre las poblaciones expuestas están los pueblos indígenas Awá y Los Pastos. Según la Defensoría, las formas de control impuestas por las estructuras armadas vulneran su autonomía comunitaria y ponen en peligro su integridad física.

En el caso del pueblo Awá, la advertencia menciona a las comunidades asociadas a Camawari y Uripawa. También incluye a Los Pastos del resguardo Gran Mallama, en un territorio donde las actividades cotidianas quedan atravesadas por las dinámicas de los grupos ilegales.

La protección de los menores ocupa un lugar especial en la alerta: la entidad señaló que están particularmente expuestos al reclutamiento. No se trata del anuncio de un caso individual, sino de una advertencia sobre el riesgo que enfrentan en estos dos municipios.

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Los corredores y las rentas detrás del control armado

El análisis de la Defensoría describe una coexistencia armada entre Comuneros del Sur, que se separó del ELN en 2024, y el Frente Iván Ríos, de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, CNEB.

Según la entidad, el acuerdo entre estas estructuras, pactado desde 2024, les permite distribuirse el territorio y controlar corredores transfronterizos hacia Ecuador, así como el tráfico por la troncal Vía al Mar.

A ese interés territorial se suman las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. La advertencia relaciona esas economías con los mecanismos de dominio que afectan a quienes habitan y trabajan en la región.

La terminación de la mesa de diálogos con la CNEB en agosto de 2026 introduce, de acuerdo con el organismo, un riesgo de disputas directas en el corto plazo. Por eso, la alerta no descarta el reingreso de facciones del ELN o del autodenominado Estado Mayor Central.

Las estructuras también recurren a otras organizaciones y bandas locales para realizar tareas de sicariato, cobro de extorsiones y vigilancia. La Defensoría identifica esta dinámica como una tercerización criminal que refuerza el control social sobre las comunidades.

Minas y ataques a la misión médica agravan la advertencia

El riesgo de reclutamiento se suma a otras amenazas. El organismo señaló la persistencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos rurales de resguardos, con consecuencias para la movilidad y la seguridad de sus habitantes.

Como antecedente de las infracciones al derecho internacional humanitario, recordó la interceptación de una ambulancia de la ESE de Ricaurte en agosto de 2025. En ese hecho, hombres con fusiles hicieron descender al personal sanitario y asesinaron al paciente que era trasladado.

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¿Qué pide la Defensoría para proteger a la población?

La entidad formuló 29 recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos, fortalecer la protección colectiva y promover una respuesta institucional integral. El llamado es a que la atención no se limite al orden público y vaya acompañada de garantías para los derechos de la población.

Las medidas buscan reducir las amenazas y vulnerabilidades, brindar protección diferencial y fortalecer las capacidades de las instituciones y de las propias comunidades. La alerta complementa advertencias anteriores relacionadas con el pueblo Awá y la zona binacional Colombia-Ecuador.

La Defensoría del Pueblo recordó que las alertas tempranas son preventivas, no predictivas: su propósito es proteger la vida, la libertad y la integridad de las comunidades antes de que se materialicen nuevas afectaciones.