¡Alerta en el Oriente! Advierten sobre escuelas de formación militar de grupos ilegales en Antioquia

La posible instalación de campamentos y escuelas de formación militar de grupos ilegales encendió las alarmas en el Oriente de Antioquia. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre este riesgo en la alerta temprana 028-2026, que describe amenazas para las comunidades de Abejorral, Argelia, El Carmen de Viboral, La Unión, Nariño y Sonsón.

El documento señala que la disputa entre el Clan del Golfo, a través del frente Gener Morales, y la estructura El Mesa estaría acompañada de homicidios, amenazas y desplazamientos forzados. La preocupación no se limita a los enfrentamientos: también incluye mecanismos de reclutamiento y restricciones sobre la vida cotidiana de los habitantes.

Dos veredas aparecen en la advertencia sobre entrenamiento armado

Según la información recogida por la Defensoría, el Clan del Golfo, identificado en la alerta como EGC, estaría instalando espacios de formación militar e ideológica en zonas que considera estratégicas para su retaguardia. Uno de los puntos mencionados es la vereda Guadualito, en Argelia.

La entidad también señala a la vereda La Honda, en El Carmen de Viboral, como uno de los lugares donde presuntamente se desarrollarían actividades de instrucción militar. Estas referencias forman parte de una advertencia de riesgo y deben entenderse como señalamientos de la alerta, no como el resultado anunciado de un operativo de las autoridades.

Otra de las preocupaciones es la oferta de hasta $2.500.000 a jóvenes para vincularlos a la organización. De acuerdo con la advertencia, algunos serían trasladados desde el norte del Valle de Aburrá, aprovechando condiciones de vulnerabilidad. El riesgo también alcanza a quienes viven en las zonas de influencia de estos grupos en el Oriente antioqueño.

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La disputa por corredores también afecta a las comunidades

La expansión de El Mesa y el afianzamiento del Clan del Golfo están relacionados, según la Defensoría, con el interés por controlar rutas hacia el Magdalena Medio y el departamento de Caldas. La alerta describe corredores que atraviesan zonas con actividad minera y con títulos o solicitudes para explotar distintos minerales.

En ese escenario, el control de caminos secundarios y terciarios permitiría a las estructuras ejercer vigilancia y regulación sobre actividades económicas. Sin embargo, el impacto señalado por el organismo va más allá de las rentas: alcanza las condiciones en las que las personas pueden desplazarse, permanecer en sus territorios y participar en asuntos comunitarios.

La Defensoría advierte sobre imposición de normas de conducta, castigos y multas económicas. También describe interferencias en las juntas de acción comunal, lo que aumenta la presión sobre quienes ejercen liderazgo o buscan denunciar vulneraciones de derechos.

Alertan por presión sobre las juntas y riesgo para menores

Entre los hechos mencionados están los acercamientos que habría realizado el Clan del Golfo a las juntas de acción comunal para influir en la elección de sus presidentes durante la jornada del 26 de abril de 2026, correspondiente al periodo 2026-2030.

Por su parte, El Mesa estaría arrendando viviendas en los municipios analizados para alojar integrantes encargados de labores de inteligencia. La advertencia también menciona reuniones y fiestas con presencia de menores de edad, a quienes presuntamente les estarían suministrando estupefacientes.

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Un llamado a prevenir nuevas afectaciones a la población civil

La alerta contempla además las posibles consecuencias de un eventual cambio en la clasificación de El Mesa, de Grupo de Crimen Organizado a Grupo Armado Organizado, solicitado por el gobernador Andrés Julián Rendón. No presenta esa modificación como una decisión ya adoptada.

La Defensoría advierte que una mayor intensidad de las operaciones podría provocar confrontaciones, repliegues hacia áreas rurales y cambios en las formas de movilidad y control de la estructura. Por ello, pide a las autoridades planes específicos para reducir el riesgo y proteger a las comunidades, especialmente en corredores estratégicos y límites entre municipios.