Pasaportes: Cancillería firmó contrato por $240.000 millones con Thomas Greg, según Caracol

La producción de pasaportes en Colombia tiene un nuevo capítulo. Según informó Caracol Radio este 27 de octubre, la Cancillería firmó un contrato con Thomas Greg and Sons por $240.000 millones y un plazo de 13 meses. La contratación se realizó bajo la figura de urgencia manifiesta, en medio de las medidas adoptadas para mantener la expedición de estos documentos.

El reporte de la periodista L. Saavedra señala que el proceso contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. También precisa que el contrato se suscribió mientras se cumplen las órdenes del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya decisión sobre el modelo de pasaportes llevó a la entidad a buscar una salida transitoria.

Un contrato para producir pasaportes durante 13 meses

De acuerdo con la información publicada por Caracol Radio, el objeto de la contratación es la producción de pasaportes en el país. El monto y la duración corresponden al contrato reportado por ese medio y no a una nueva tarifa que deban pagar los ciudadanos por su documento de viaje.

La noticia se conoce después de la declaratoria de urgencia manifiesta anunciada en septiembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. Esa medida buscó garantizar, sin interrupciones, el suministro, la personalización, la custodia y la distribución de las libretas de pasaporte, además de las etiquetas de visa colombiana.

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La orden judicial que dio origen a la urgencia

El antecedente inmediato es una medida cautelar del 2 de septiembre de 2026, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo de pasaportes. A la vez, ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad, la regularidad y la prestación ininterrumpida del servicio.

Según explicó la Cancillería en el comunicado divulgado en septiembre, la decisión judicial señaló la necesidad de acreditar los soportes fiscales requeridos para comprometer vigencias futuras. También planteó asuntos por esclarecer sobre la planeación, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.

Frente a ese escenario, el Ministerio acudió al artículo 42 de la Ley 80 de 1993. En su explicación de entonces, describió la urgencia manifiesta como un mecanismo excepcional que permite adoptar medidas contractuales indispensables cuando la continuidad de un servicio exige actuar de inmediato.

Una salida transitoria, distinta de la licitación permanente

La Cancillería indicó en septiembre que los contratos derivados de esa declaratoria tendrían un carácter estrictamente transitorio y estarían limitados a lo indispensable para sostener el servicio de pasaportes y visas. En paralelo, anunció el inicio de la estructuración de una licitación pública para atender esa necesidad de manera permanente.

Por eso, el contrato que ahora reporta Caracol Radio debe entenderse dentro de esa ruta de emergencia. La información conocida sobre su firma no equivale al anuncio de una adjudicación definitiva de la licitación permanente que la entidad había dicho que prepararía.

En cuanto al control fiscal, el comunicado de septiembre estableció que el acto administrativo de urgencia manifiesta, los contratos celebrados con fundamento en ella y sus antecedentes serían remitidos a la Contraloría General de la República. El acompañamiento de la Procuraduría mencionado por Caracol corresponde al proceso de contratación ahora informado.

El antecedente para quienes adelantan el trámite

Cuando anunció la urgencia, la Cancillería aseguró que las oficinas expedidoras y los consulados mantenían su atención, que las citas programadas seguían vigentes y que los ciudadanos no tenían que realizar un trámite adicional por esa medida. Ese fue el mensaje entregado en septiembre para evitar que la contingencia institucional se trasladara a los usuarios.

El reporte de este 27 de octubre se centra en el contrato de producción y no anuncia cambios en las citas, requisitos o costos individuales del pasaporte. Sus datos principales son el plazo de 13 meses, el valor de $240.000 millones y la contratación bajo urgencia manifiesta mientras se atienden las órdenes judiciales.

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