Resumen: La Contraloría Distrital de Medellín estructuró un hallazgo con presunta incidencia fiscal por $739.562 millones de pesos por la compra de CaribeMar (Afinia) por parte de EPM en 2020. El alcalde Federico Gutiérrez reaccionó con fuertes señalamientos y aseguró que los implicados responderán con su patrimonio.
La Contraloría Distrital de Medellín estructuró un Hallazgo Administrativo con presunta Incidencia Fiscal por $739.562 millones de pesos, derivada de la decisión de Empresas Públicas de Medellín (EPM) de cerrar la transacción de adquisición de la empresa CaribeMar S.A.S. E.S.P. (Afinia), según un boletín de prensa del ente de control conocido este miércoles.
El hallazgo se enfoca en las actuaciones de septiembre de 2020, fecha en la que se renegoció y perfeccionó la adquisición mediante la aprobación del Acta de Junta Directiva No. 1695 y la suscripción del Otrosí No. 5.
La decisión clave de septiembre de 2020
De acuerdo con el Contrato de Compraventa de Acciones firmado el 30 de marzo de 2020, se estableció formalmente que el incumplimiento en los indicadores de recaudo (fijado de referencia en 81,33%) constituía un Efecto Material Adverso (EMA). Durante el seguimiento previo al cierre, la Contraloría señala que se constató la desviación en dicho indicador, hecho que facultaba contractualmente a EPM para abstenerse de concretar la transacción sin asumir costos o penalizaciones.
El contrato de adquisición de CaribeMar no fue un hecho instantáneo, sino una ejecución continuada vinculada al Centro de Servicios Compartidos (CSC), esquema que contempló una transición de servicios transitorios de hasta dos años tras el cierre, extendiendo los efectos derivados del contrato marco hasta el año 2022.
Según el ente de control, pese a tener el respaldo jurídico y financiero para ejercer esta cláusula de salida, la Junta Directiva autorizó al Gerente General suscribir el Otrosí No. 5. Mediante este instrumento, EPM no solo renunció de forma expresa e irrevocable a su derecho de abstenerse del cierre por la vía del EMA Operativo, sino que asumió la obligación imperativa de culminar la compra, la cual se cerró finalmente el 30 de septiembre de 2020.
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Decisión tomada en medio de alta incertidumbre
El análisis de la Contraloría Distrital subraya que la decisión adoptada en septiembre de 2020 no correspondió a un compromiso ineludible o inercial, sino a una decisión autónoma tomada en el momento de mayor vulnerabilidad de la entidad. En dicho período, indica el boletín, la administración contaba con información clara y suficiente sobre:
1. El impacto socioeconómico y la emergencia generada por la pandemia del COVID-19.
2. La gravedad y presión financiera por la contingencia de la hidroeléctrica Hidroituango.
3. La intervención estatal previa sobre el activo objeto de compra, con abstención de opinión del Revisor Fiscal sobre sus estados financieros, y un análisis de riesgo calificado con un nivel alto.
4. La complejidad histórica y estructural del mercado de comercialización y distribución de energía en la región Caribe.
De acuerdo con la Contraloría, tomar esta decisión exigía preservar las herramientas de protección y cuidar la liquidez de la empresa pública en lugar de comprometer mayores recursos de caja.
El impacto patrimonial y el contexto financiero
El sustento de la presunta incidencia fiscal por $739.562 millones de pesos corresponde a los flujos que EPM como accionista dejó de percibir, representados en los dividendos a que se comprometió el vendedor en el caso de negocio (correspondientes a las vigencias 2024 y 2025 por $509.238 millones y $230.324 millones, respectivamente), como consecuencia de la destrucción de valor resultante de una gestión fiscal antieconómica e ineficiente en el momento de la decisión de inversión, señala el ente distrital.
Con la confirmación de este hallazgo, se dará traslado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital de Medellín, para que adelante los trámites correspondientes en aras de salvaguardar el patrimonio de los medellinenses.
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Fico Gutiérrez: «Otra perlita de los que se robaron a Medellín»
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre el hallazgo a través de su cuenta de X, donde calificó el caso como «otra perlita de los que se robaron a Medellín» y aseguró que «la compra» de Afinia fue «la peor decisión que se ha tomado en la historia de EPM», una decisión que, dijo, «tomaron los que se robaron a Medellín».
«Esta es solo la cifra inicial, la cuenta sigue», agregó el mandatario, quien recordó que su administración denunció ante la Fiscalía el testimonio de una persona que aseguró que la gerencia de Afinia se habría vendido entre 5 y 8 millones de dólares para controlar la contratación de la empresa, dinero que, según ese testimonio citado por el alcalde, habría sido pagado «al jefe de la banda».
«Los implicados tendrán que responder con su patrimonio. Se les está juntando todo. Y vamos a seguir hasta que paguen hasta el último peso», concluyó Gutiérrez en su trino, en el que afirmó que su administración «recibió un desastre heredado» y que está dando soluciones a la situación.
La adquisición de Afinia se cerró en septiembre de 2020, durante la administración del exalcalde Daniel Quintero. La compra de la filial ha sido señalada en los últimos años como uno de los negocios más cuestionados de EPM, cuya situación financiera con Afinia sigue siendo crítica: la empresa acumula pérdidas billonarias y este miércoles se conoció que EPM pagó una deuda de $131.000 millones con XM para frenar, por ahora, los cortes de energía previstos para la costa Caribe.
Boletín de prensa de la Contraloría Distrital de Medellín:


Boletín: Contraloría Distrital de Medellín
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