Operación Hexano: capturadas 22 personas por el robo de un millón de galones de hidrocarburos

El presidente Abelardo De la Espriella anunció este viernes un «contundente golpe a las mafias del robo de hidrocarburos»: la Operación Hexano, adelantada de manera conjunta por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, dejó 22 personas capturadas en cinco departamentos del país y la desarticulación de una estructura criminal dedicada al apoderamiento y la comercialización ilegal de combustible.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario aseguró que la organización habría hurtado cerca de un millón de galones de hidrocarburos entre enero de 2025 y septiembre de 2026, un negocio ilegal que habría generado ganancias criminales para el ELN, Los Pachenca y el Clan del Golfo y pérdidas superiores a $1.200 millones.

13 allanamientos en cinco departamentos

De acuerdo con las autoridades, la operación se desarrolló con 13 diligencias de registro y allanamiento en Cesar, Bolívar, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca. En los procedimientos se materializaron 21 órdenes judiciales de captura y una persona más fue detenida en flagrancia por hechos relacionados con los delitos de apoderamiento y receptación de hidrocarburos y concierto para delinquir.

La investigación, coordinada por la Fiscalía Tercera Especializada de Cartagena y adelantada por la Sijín, unidades especializadas de la Policía, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), estableció que la red operaba principalmente en el departamento del Cesar y que en 21 meses habría participado en al menos 33 hechos relacionados con el robo de combustible.

Según los investigadores, la estructura utilizaba conexiones clandestinas instaladas en el poliducto Pozos Colorados-Galán para extraer los hidrocarburos sin autorización. En el procedimiento fue intervenida infraestructura empleada para el apoderamiento de combustible, en particular válvulas clandestinas que facilitaban la extracción del producto y su posterior comercialización.

Parte del combustible robado habría sido distribuido y comercializado en Norte de Santander y Bolívar, departamentos hacia los que la organización movía el producto extraído. Las pérdidas y los costos asociados a reparaciones y lucro cesante para la petrolera estatal se estiman en más de $1.200 millones.

Los resultados se conocieron en el marco de la campaña Militar y Policial Urano, con la que el Gobierno nacional busca golpear el robo de hidrocarburos, una de las economías ilegales que más recursos les quita a los colombianos.

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Las ganancias habrían terminado en manos de grupos armados

Uno de los hallazgos de la investigación apunta a que parte de los recursos obtenidos con el robo y la comercialización ilegal de combustible habría servido para generar rentas a grupos armados que operan en distintas regiones del país: el ELN, Los Pachenca y el Clan del Golfo.

«Este resultado trasciende la afectación de una economía ilícita: contribuye a debilitar las redes de financiación que sostienen la violencia y el terrorismo», afirmó el general Erik Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares.

El oficial señaló, además, que este golpe hace parte de los propósitos estratégicos de la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), en el marco del Escudo de las Américas, la iniciativa de cooperación hemisférica liderada por Estados Unidos de la que Colombia hace parte para enfrentar el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Presuntos funcionarios filtraban información privilegiada

Otro de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue la presunta participación de funcionarios públicos que habrían facilitado información a los integrantes de la red para favorecer sus actividades.

«Golpeamos sus redes de complicidad, incluidos presuntos funcionarios que habrían filtrado información privilegiada para favorecer sus actividades criminales», señaló el presidente De la Espriella en su mensaje.

Según las autoridades, estas personas presuntamente realizaban consultas indebidas en bases de datos restringidas y suministraban información institucional sobre procedimientos operativos e investigaciones judiciales, lo que habría permitido a la organización conocer de antemano las actuaciones de los organismos de seguridad y el estado de las pesquisas en su contra. La información entregada no precisa cuántos funcionarios estarían involucrados, a qué entidades pertenecen ni si alguno de ellos figura entre los 22 capturados.

Tras anunciar los resultados, el jefe de Estado reiteró su respaldo a la Policía, el Ejército y la Fiscalía, y aseguró que en su Gobierno «la ley se respeta y se protege el patrimonio de los colombianos».

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Foto: Redes Sociales