El dominio estatal en las economías de países como Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador ha generado un panorama incierto en Latinoamérica frente a la nacionalización o expropiación.
El economista Rafael Pampillón, director de Análisis Económico del IE Bussines School en España, explicó estos procesos al programa UN Análisis* de UN Radio: “Nacionalizar es cuando una empresa, como es el caso del Bankia, no es capaz de mantenerse con el capital de los socios privados, por lo cual el Estado nacionaliza la entidad, poniendo recursos y obteniendo su propiedad tras una quiebra. Por otra parte, expropiar es cuando el Estado toma una casa, unos terrenos o una empresa y a cambio entrega un precio para compensar al propietario el decomiso de ese bien”.
En ambos casos, los bienes pasan a depender del Gobierno, con la diferencia de que tras la expropiación hay una indemnización, mientras que con la nacionalización no. Del mismo modo, Pampillón indicó que en el caso de YPF hay una nacionalización sin que haya por ahora un justiprecio, lo que genera una inseguridad jurídica porque se rompe un contrato entre el Estado y el particular. Esto provoca que se tenga reticencia a invertir en un país que no cumple con su compromiso.
Asimismo, está el caso Rumasa, es decir, empresas que tienen un gran aporte a la economía así como un elevado nivel de empleo de personas, y su caída supone un riesgo al sistema como consecuencia de la quiebra y la desaparición de la misma. Por ello, el Estado se hace cargo de la entidad.
Sin embargo, estas decisiones tienen costos económicos muy altos. Al final, son los propios ciudadanos los que sufren, porque va faltar financiación exterior, los topes inversores buscarán salidas de sus capitales y las empresas foráneas no acudirán a la nación, entonces hay escasez de tecnología, progreso e innovación que le permitan crecer al país. “Esas vías políticas, peronistas y populistas desembocarán en una situación económica trágica como el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Argentina, además, por ese camino pueden ir Bolivia y Ecuador”, puntualizó Pampillón.
Parece que no hay claridad ni uniformidad con respecto a la forma como deben ser entendidos los términos de nacionalidad y expropiación; tienen parecidos en el sentido de que buscan la utilidad pública o de interés social previstos en las leyes.
Según, Joseph Kirchner, consultor de la Organización Cooperative Venture de Estados Unidos, “en un conflicto entre una compañía multinacional y una presidenta latinoamericana, yo tengo más confianza en Cristina Fernández de Kirchner. En la relación económica de Argentina esta nacionalización tiene que empezar con el cálculo de costos-riesgos-beneficios: el costo es la compensación que Argentina tiene que pagar, más las medidas de retaliación; el riesgo es la posibilidad que perdería si los costos y medidas son más graves de lo esperado; mientras que el beneficio es la soberanía sobre la empresa petrolera y el control sobre los recursos naturales petrolíferos, lo cual le da posibilidad de invertir en el futuro”.
Frente al caso boliviano, Gary Antonio Rodríguez, economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, explicó: “Este proceso de nacionalización en nuestro país se ha venido dando desde el primero de mayo del 2006, cuando se empezó la recuperación de los recursos nacionales en lo referente a petróleo y gas. Sin embargo, al final, todo queda a medias, porque termina siendo una compra o intercambio de inversores”.
Finalmente, María Alejandra González Pérez, doctora en economía, jefe del Departamento de Negocios Internacionales y directora del Grupo de Investigación en Estudios Internacionales de la Universidad Eafit, expresó: “Esto no es un fenómeno nuevo, si recordamos a Francia e Inglaterra después de la II Guerra Mundial, es claro que tanto expropiación como nacionalización tienen pros y contras, todo depende de la capacidad del Estado para continuar con la administración de la empresa, no solo económicamente sino en experiencia y conocimiento”.
Con información de unal.edu.co
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