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Resumen: El MinTIC abrió investigaciones administrativas y formuló cargos contra Starlink y varios operadores móviles por presuntos incumplimientos de las obligaciones de restringir señales en cárceles, según un comunicado difundido por la Presidencia. Las verificaciones sobre Starlink abarcan cuatro penales. De la Espriella anunció restricciones a las conexiones no autorizadas y las SIM usadas ilegalmente. Las posibles sanciones dependen del resultado de las actuaciones y del debido proceso.
Puntos clave
- El MinTIC investiga a Starlink y operadores móviles por presuntos incumplimientos en la restricción de señales en cárceles.
- Las verificaciones sobre conexiones Starlink abarcan cuatro centros penitenciarios.
- De la Espriella anunció restricciones a las conexiones no autorizadas y las SIM utilizadas ilegalmente.
- Las posibles sanciones dependen del resultado de las investigaciones, con derecho de defensa para las empresas.
El Gobierno anunció medidas para restringir las comunicaciones no autorizadas desde las cárceles, mientras el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) adelanta investigaciones administrativas contra Starlink y varios operadores móviles. El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al tema este domingo 22 de noviembre en una publicación acompañada por un comunicado de la Presidencia.
El mandatario dijo que dio instrucciones para utilizar herramientas legales y tecnológicas que impidan la comisión de delitos desde los centros penitenciarios. Entre las acciones mencionó desactivar las tarjetas SIM usadas ilegalmente desde las prisiones y restringir las conexiones satelitales que no estén autorizadas.
Investigaciones por señales de telecomunicaciones en las cárceles
El comunicado difundido por la Presidencia, fechado el 21 de noviembre, informa que el MinTIC abrió una investigación administrativa y formuló cargos contra Starlink Colombia S.A.S. por el presunto incumplimiento de su obligación de atenuar las señales de telecomunicaciones que cubren establecimientos penitenciarios y carcelarios.
Según ese documento, la actuación se produjo después del hallazgo de seis antenas Starlink y otros dispositivos no autorizados durante un operativo en La Picota, en Bogotá. Verificaciones técnicas posteriores identificaron conexiones a internet mediante redes wifi provistas por la empresa en cuatro centros de reclusión.
Los establecimientos citados son La Picota, en Bogotá; Bellavista, en Bello, Antioquia; Acacías, en Meta; y Las Heliconias, en Florencia, Caquetá. El comunicado atribuye esas verificaciones al Centro de Monitoreo e Inspección de los Servicios de Comunicaciones del MinTIC.
La investigación busca establecer si la empresa adoptó las medidas que le eran exigibles para impedir comunicaciones no autorizadas desde esos lugares. La apertura de la actuación y la formulación de cargos no equivalen a una sanción definitiva ni establecen por sí solas el incumplimiento investigado.
Los operadores móviles incluidos en las actuaciones
La comunicación de Presidencia también señala investigaciones administrativas y formulación de cargos contra Partners Telecom Colombia S.A.S., Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., Comunicación Celular S.A. (Comcel) y la Unión Temporal Colombia Móvil–Colombia Telecomunicaciones (Tigo).
En esos casos, el presunto incumplimiento está relacionado con las obligaciones de eliminar o restringir señales móviles en La Picota. Las actuaciones buscan determinar si los operadores tomaron las medidas necesarias para cumplir las disposiciones sobre transmisión, recepción y control de esos servicios dentro del establecimiento.
El documento cita como fundamento el artículo 16A de la Ley 65 de 1993, adicionado por la Ley 1709 de 2014. De acuerdo con la explicación de Presidencia, esa disposición contempla el deber de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones de atenuar las señales que cubren las prisiones.
Las posibles sanciones dependen del resultado de las investigaciones
De comprobarse los incumplimientos, el comunicado advierte sobre procesos sancionatorios que podrían contemplar multas de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en su equivalencia legal aplicable. También menciona suspensión temporal de operaciones y eventual cancelación de licencias, autorizaciones o permisos, según corresponda.
La Presidencia afirmó que las investigaciones deberán garantizar el debido proceso y el derecho de defensa de las empresas involucradas. No anunció en el documento una multa ya impuesta contra alguno de los operadores señalados.
Las cifras del operativo en La Picota incluidas en la comunicación corresponden a 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, seis antenas Starlink y 38 módems. Minuto30 había reportado ese balance el 3 de noviembre, por lo que los hallazgos son un antecedente de las actuaciones administrativas ahora divulgadas, no una nueva incautación de este domingo.
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Otro procedimiento reseñado por este medio el 14 de noviembre dejó 58 celulares y otros elementos incautados en El Buen Pastor, en Bogotá. Se trata de una intervención distinta, realizada por el Inpec con apoyo de la Policía, y no de uno de los cuatro penales citados por las verificaciones de conexiones Starlink.
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