Miguel Quintero con el agua al cuello: ¿se queda en la finca o va a la cárcel?

La situación judicial de Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, vuelve a definirse en un estrado. La audiencia de apelación está citada para las 11:00 de la mañana de este 30 de octubre y en ella se espera que un juez de segunda instancia decida si sigue cumpliendo la detención domiciliaria en su finca de Copacabana o si es trasladado a un centro carcelario.

La decisión quedará en manos del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín, que estudiará las apelaciones presentadas por la Fiscalía General de la Nación y la representación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, reconocida como víctima en el proceso, que piden que el procesado no continúe en casa por cárcel.

¿De qué se le acusa a Miguel Quintero?

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, que suman 17.656 millones de pesos y fueron celebrados y ejecutados entre 2021 y 2023.

Según la Fiscalía, en esos convenios se habrían presentado pagos irregulares por cerca de 2.481 millones de pesos. Por este caso, Miguel Quintero fue imputado por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

De acuerdo con las autoridades, los interrogatorios, las capturas de pantalla y otros elementos recaudados permitirían inferir una posible intervención del procesado en decisiones internas, nombramientos y procesos administrativos de la entidad entre 2020 y 2023. En un allanamiento también se habrían encontrado indicios de una presunta contratación paralela, señalada como la ruta para beneficiar a terceros con los convenios.

Además, las autoridades han señalado que el procesado habría adquirido bienes de lujo y propiedades millonarias durante la alcaldía de su hermano. Al imponerle la medida de aseguramiento, el juez del caso advirtió sobre las ganancias desproporcionadas en la contratación estatal: «cuando la ganancia resulta tan desmedida, obviamente sí debe encender las alarmas de todo el conglomerado social».

En el mismo proceso está vinculado Sebastián Ortega, señalado como presunto socio de Quintero e imputado por peculado por apropiación, quien sigue en libertad mientras avanza la investigación. La audiencia también definirá su situación judicial.

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¿Por qué se había aplazado la audiencia?

El pasado 2 de octubre, un juez de control de garantías impuso a Miguel Quintero la medida de detención domiciliaria, una decisión que de inmediato fue apelada por la Fiscalía, la Procuraduría y la representación de víctimas, que piden una medida intramural, es decir, reclusión en una cárcel.

Los apelantes han sostenido que la casa por cárcel sería insuficiente frente a los riesgos de una eventual interferencia en la investigación, en particular por la posibilidad de que el procesado se comunique con terceros o influya sobre los testigos del caso.

La audiencia de apelación estaba prevista inicialmente para el 23 de octubre, pero el despacho la reprogramó porque los registros de audio de las diligencias de primera instancia, adelantadas por el Juzgado 27 Penal de Medellín, llegaron incompletos y eran necesarios para estudiar a fondo los argumentos de las partes.

En las últimas semanas el proceso también tuvo un cambio en la defensa: los abogados Santiago Trespalacios y Astrid Carvajal anunciaron, el 13 de octubre, que dejaban de representar al procesado, una decisión que, según informaron, se tomó de mutuo acuerdo.

¿Qué dijo el alcalde Federico Gutiérrez?

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a cuestionar que el procesado cumpla la medida de aseguramiento en una finca que, según él, habría sido construida con recursos presuntamente apropiados de Medellín.

«Al bandido del hermano de Quintero, a Miguel, le dieron casa por cárcel, justo en la finca que él construyó con los recursos que robó de Medellín. Yo aspiro, con todas las pruebas que hemos presentado, a que vayan a la cárcel«, afirmó el mandatario al pronunciarse sobre la audiencia.

Gutiérrez comparó la situación con la del narcotraficante Pablo Escobar, al asegurar que ambos casos tienen en común la construcción de lugares que, posteriormente, terminaron sirviendo como sitios de reclusión.

El alcalde también señaló que el Distrito ha entregado información a las autoridades estadounidenses y al FBI, y aseguró que espera que los procesos avancen hasta que los investigados sean condenados. «Nada de casas por cárcel, que vayan a la cárcel», concluyó.

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¿Qué puede decidir el juez?

El juez de segunda instancia puede confirmar la detención domiciliaria de Miguel Quintero o revocarla y ordenar su traslado a un centro carcelario, como lo piden la Fiscalía y las víctimas. En la misma providencia se resolverá la apelación relacionada con Sebastián Ortega, a quien en primera instancia no se le impuso medida privativa de la libertad.

Vale recordar que la imputación de cargos y la medida de aseguramiento no constituyen una condena: las responsabilidades penales de los procesados deberán establecerse en el desarrollo del juicio.