Liga Contra el Cáncer, contra rebaja de impuestos al tabaco: «La salud debe ser una prioridad»

La Liga Colombiana Contra el Cáncer lanzó un llamado al Congreso de la República y al Gobierno nacional frente a las iniciativas que buscan reducir los impuestos al tabaco y sus derivados, en pleno trámite del proyecto de ley que modifica el impuesto al consumo de cigarrillos, vapeadores y bolsas de nicotina y que está a un solo debate de convertirse en ley.

«La salud de los colombianos debe ser una prioridad», afirmó la organización en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que expresó su preocupación por las propuestas que se discuten en el Capitolio e hizo un llamado «a tomar decisiones responsables, basadas en evidencia científica y comprometidas con la prevención del cáncer y la protección de la salud pública». «Prevenir también es proteger el futuro de todos», agregó la entidad, que etiquetó en su publicación al Ministerio de Salud, al Senado y a la Cámara de Representantes.

El pronunciamiento llega en un momento decisivo: el proyecto de ley 243 de 2026 Senado, acumulado con el 136 de 2025 Cámara y el 290 de 2025, impulsado entre otros por los congresistas Efraín Cepeda, del Partido Conservador, Ana Carolina Espitia, de Alianza Verde, y Carlos Julio González Villa, de Cambio Radical, está citado a su segundo y último debate en la plenaria del Senado, el cuarto de todo su trámite. La iniciativa figura en el orden del día de la sesión de este jueves 29 de octubre, convocada para las 2:30 p. m., y según el sistema de información legislativa del Senado aún aparece pendiente de discutir la ponencia para ese debate.

El proyecto se presenta como una alternativa para incrementar los recursos del país y desincentivar el consumo, pero organizaciones de la sociedad civil han advertido durante semanas que, por la forma en que ha transitado, podría terminar beneficiando a la industria tabacalera en lugar de proteger la salud de los colombianos.

El Ministerio de Salud también dijo que el proyecto «no es conveniente»

Antes del debate, el Ministerio de Salud radicó ante el Senado un concepto técnico de 51 páginas en el que concluyó que el proyecto de ley no es conveniente. Según la cartera, la iniciativa podría producir justo lo contrario de lo que promete: disminuir el dinero que se recauda por el impuesto al tabaco.

Una de las principales preocupaciones es la tarifa. Hoy el impuesto aumenta cada año según la inflación más cuatro puntos porcentuales, mientras que el proyecto propone un valor fijo de 5.100 pesos. Si la ley empezara a regir en 2027, calcula el ministerio, para 2028 y 2029 la tarifa quedaría entre 4,2 y 5,1 por ciento por debajo de la que resultaría con el cálculo vigente.

Esa diferencia tendría un costo alto: una tarifa menor equivaldría a un menor recaudo de entre 79.000 y 99.000 millones de pesos, de los cuales cerca del 84 por ciento, es decir entre 67.000 y 83.000 millones, dejaría de llegar al aseguramiento en salud. Además, con uno de los cambios sugeridos, una parte de los ingresos adicionales que hoy financian el aseguramiento pasaría al deporte, por lo que la ADRES podría dejar de recibir cerca de 547 mil millones de pesos acumulados entre 2027 y 2030.

El ministerio también cuestionó que el texto pueda dejar por fuera nuevos productos con denominaciones diferentes y pidió que los parches de nicotina, reconocidos como medicamentos para dejar de fumar, no queden gravados.

Un impuesto que aún está por debajo de lo recomendado

La Organización Mundial de la Salud reconoce el aumento de los impuestos al tabaco como la medida sanitaria y fiscal más costoefectiva para desestimular su consumo. Aunque Colombia ha avanzado en la materia, los impuestos al tabaco representan hoy el 62,8 por ciento del precio de venta, cuando el nivel recomendado de mejores prácticas es del 75 por ciento.

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La Liga Contra el Cáncer no está sola en esta alerta. A mediados de octubre, varias organizaciones, entre ellas Red PaPaz y la Fundación Anáas, dirigieron una carta al Senado advirtiendo que el texto «desconoce los avances alcanzados en Colombia» y conduciría a «un escenario de inseguridad jurídica y desprotección de los derechos humanos». La Red Colombiana de Cesación de Tabaco y Nicotina, que integra asociaciones médicas, universidades y hospitales, también pidió ajustar la iniciativa y señaló que el ajuste tarifario propuesto «constituye un preocupante retroceso en los logros de reducción del tabaquismo en Colombia».

Las cifras que preocupan a los expertos explican la urgencia: según los últimos registros, la edad de inicio del consumo de estas sustancias en el país es a los 13 años y uno de cada cuatro estudiantes de séptimo grado ya los ha probado.

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Las organizaciones han aclarado que no cuestionan el uso de los impuestos como herramienta de control del tabaco y la nicotina, pero advierten que, de aprobarse el proyecto sin ajustes, «existe el riesgo de debilitar el impacto sanitario esperado de la reforma y generar incentivos no deseados». Por eso piden que la plenaria del Senado escuche los conceptos técnicos de los ministerios de Salud y de Hacienda antes de tomar una decisión final sobre un impuesto del que dependen miles de millones de pesos para la salud de los colombianos.