La paz también se construye con Estado

Colombia lleva décadas debatiendo las causas de la violencia, la manera de superarla y las condiciones para alcanzar la reconciliación. Sin embargo, un asunto fundamental ha quedado en segundo plano: ¿cómo traducir la paz en resultados concretos para la gente?

Esa fue la pregunta que, desde el Departamento Nacional de Planeación, quisimos responder durante las negociaciones con las FARC. Formulamos una propuesta sencilla pero ambiciosa: el Mínimo Vital Institucional (MVI). Su propósito era convertir los compromisos de paz en bienes públicos, servicios y metas verificables.

Aunque el MVI no llegó a consolidarse como una política integral, diez años después su planteamiento sigue vigente porque el diagnóstico persiste: numerosos municipios llevan décadas sin presencia efectiva del Estado.

Acabar con el control de los actores armados no basta para transformar un territorio; se requiere sustituir el vacío institucional por servicios, oportunidades y capacidades públicas. Por ello diseñamos una canasta de 21 intervenciones en once componentes: salud, educación, vivienda, agua potable, energía eléctrica, vías terciarias, identificación, productividad agropecuaria, protección a la vejez, seguridad y justicia.

La innovación consistía en convertir los compromisos generales en resultados concretos: que la paz se expresara en una escuela en funcionamiento, una ambulancia disponible, una carretera transitable, una vivienda con saneamiento básico y un campesino con asistencia técnica. Cada intervención debía tener costos, beneficiarios, responsables, fuentes de financiación e indicadores de cumplimiento.

Con ese enfoque, identificamos 619 municipios con profundas brechas sociales e institucionales y estimamos en cerca de $9,9 billones de 2016 el costo de implementar el paquete básico. La propuesta contemplaba, además, acciones complementarias en primera infancia, cultura, deporte y fortalecimiento territorial.

Más que una canasta, el MVI buscaba cambiar la medición de la gestión pública: dejar de contar recursos, reuniones o anuncios para medir privaciones superadas y servicios prestados.

La propuesta también respondía a las particularidades de cada territorio. Las necesidades de una comunidad amazónica no son las mismas que las de un municipio del Caribe o del Pacífico; por eso, la canasta debía ser flexible y sus resultados, verificables. Un municipio no se transforma por figurar en un documento, sino cuando sus habitantes acceden efectivamente a derechos y oportunidades.

Hoy es posible actualizar el MVI con mejores herramientas para identificar brechas, monitorear proyectos y publicar resultados. La conectividad digital y las soluciones energéticas descentralizadas pueden ampliar el alcance del Estado. Esto exige actualizar costos, coberturas y capacidades institucionales y coordinar recursos nacionales, territoriales y de regalías en torno a metas comunes.

Cualquier nuevo esfuerzo de paz debe responder una pregunta concreta: ¿qué presencia del Estado encontrará una comunidad cuando disminuya la violencia? Diez años después, el MVI conserva una lección esencial: la paz exige presupuestos, responsables y plazos; se consolida cuando produce resultados que los ciudadanos pueden ver, usar y medir.