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Resumen: Un juez español admitió a trámite la querella de dos exempleadas de Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante ocurridos en 2021.
Puntos clave
- Un juez español admitió a trámite la querella de dos exempleadas de Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
- Las denunciantes, una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, señalan presuntos hechos ocurridos en 2021 en las casas del cantante en República Dominicana y Bahamas.
- El juez rechazó investigar los delitos de trata de personas y contra los derechos de los trabajadores, pero consideró suficiente el principio de prueba aportado.
- El magistrado cuestionó 'omisiones' en el relato de la querella, pero estimó que la jurisdicción española procede por ser Julio Iglesias de nacionalidad española.
Un juez español admitió a trámite y ya investiga la denuncia presentada por dos extrabajadoras contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. La decisión la tomó el juez Antonio Piña, tras estudiar la querella presentada directamente por las denunciantes.
De acuerdo con la información conocida este 18 de noviembre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional había considerado en un principio que los tribunales españoles no eran competentes para investigar estos hechos, por lo que las exempleadas del cantante decidieron presentar una querella directamente ante el juzgado.
Tras estudiar el caso, el juez admitió la querella al considerar que el relato pormenorizado que contiene y el principio de prueba aportado «son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad».
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Las pruebas que aportaron las denunciantes
Además del relato de los hechos, la querella aporta como principio de prueba la fotografía en la que, según el auto judicial, se puede ver un moratón en un brazo y dos marcas en los muslos que «pueden corresponderse con la mordedura de una persona», así como varias conversaciones.
El juez aceptó investigar lo relativo a los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Sin embargo, rechazó la querella en lo que respecta a los delitos de trata de personas y contra los derechos de los trabajadores.
Dos antiguas empleadas del artista, una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta, acusan a Julio Iglesias de haberlas sometido a «situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas», así como a lesiones y vejaciones durante el año 2021, cuando el cantante tenía 77 años. Los presuntos hechos habrían ocurrido en las casas del artista en República Dominicana y en Bahamas.
Una de las denunciantes sostuvo, además, que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH.
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Las dudas del juez sobre la querella
En el auto, el juez señala que la querella puede ofrecer «un relato mutilado», al limitar la narración de los hechos a Julio Iglesias y prescindir de la participación que tendrían dos administradoras de las casas, a quienes también se les imputan «actos sexuales» contra las denunciantes.
Según el juez, esas «importantes lagunas» y «omisiones» en la narración, que «difícilmente pueden considerarse casuales», parecen responder «al propósito deliberado de favorecer» que sea la Justicia española la que investigue los hechos. El magistrado cuestiona que la querella se presente en España porque esto puede determinar «la fragmentación del conocimiento de unos hechos» que aconsejarían «un enjuiciamiento conjunto».
No obstante, el juez considera que esos elementos no excluyen «la jurisdicción legalmente atribuida» a los tribunales españoles, por ser Julio Iglesias de nacionalidad española.
El auto también advierte un problema procesal: las dos administradoras de las casas no podrían ser imputadas en España, dado que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar delitos cometidos por extranjeros, fuera de España y contra personas extranjeras. Por eso, su declaración en la causa sería en calidad de testigos, con obligación de decir verdad, «lo que podría interferir con el derecho de defensa del que podrían disponer en un posterior proceso dirigido frente a ellas».
Pese a esos «problemas procesales», el juez Piña consideró que «no obstan para que la querella sea admitida a trámite», por lo que la investigación contra el cantante español ya está en marcha.
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