Santiago Peña no zafó ni renunciando: el Congreso de Paraguay le sigue el juicio político

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este 6 de noviembre una prórroga de 72 horas para preparar su defensa en el juicio político que el Congreso de ese país decidió continuar pese a la renuncia que el mandatario presentó horas antes, en medio del escándalo por el colapso de Ueno Bank.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Peña y la remitió al Senado, al que corresponde juzgarlo y decidir sobre su eventual destitución. La renuncia, anunciada la tarde del 5 de noviembre, quedó en el aire: diputados oficialistas abandonaron la sesión conjunta de ambas cámaras y el Congreso se quedó sin quórum para aceptarla o rechazarla, por lo que los líderes de los partidos en el Senado acordaron seguir con el enjuiciamiento.

En una carta dirigida al presidente del Congreso, Basilio «Bachi» Núñez, Santiago Peña argumentó que el plazo de menos de 12 horas que le dieron para formular su defensa «no cumple los estándares de un Estado de Derecho». El libelo acusatorio tiene 15 páginas y unas 300 fojas de anexos. El pleno del Senado definirá si le concede la prórroga.

«Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles», escribió el mandatario en su cuenta de X, donde también aseguró que se presentará al juicio «con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República».

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¿De qué acusan a Santiago Peña?

La acusación aprobada por los diputados se resume en cinco puntos principales:

• Conflicto de intereses: Peña conservó acciones millonarias en Ueno Holding, el grupo dueño del banco, hasta 2025, es decir, dos años después de asumir la presidencia en agosto de 2023.
• El colapso de Ueno Bank: el Banco Central de Paraguay intervino la entidad por problemas de solvencia y cerca de tres millones de clientes se quedaron sin acceso a su dinero.
• Injerencia en el Instituto de Previsión Social (IPS): se le señala de intervenir el organismo que administra las jubilaciones para colocar unos US$355 millones en el banco.
• Presunto beneficio patrimonial: la acusación menciona préstamos que habría recibido del banco y denuncias previas vinculadas a su patrimonio.
• Responsabilidad institucional: cuestionamientos por decisiones y omisiones políticas de su gestión.

Los diputados también cuestionan que en 2023 el mandatario nombrara a Carlos Carvallo al frente del Banco Central, el organismo encargado de supervisar los bancos, cuando venía de presidir la financiera de la que nació Ueno Bank. Apenas se oficializó la intervención, Santiago Peña le pidió la renuncia y nombró un reemplazo, que debe ser ratificado por el Senado.

¿Qué sigue en el juicio político?

Ocho diputados fueron designados para defender la acusación ante el Senado. Para destituir al presidente se requieren 30 votos de los 45 senadores. El proceso ganó fuerza cuando el propio Partido Colorado, la formación de Peña, respaldó el enjuiciamiento: Horacio Cartes, líder del partido y mentor político del mandatario, anunció su apoyo a la iniciativa y lo dejó cada vez más aislado.

La forma en que Peña deje el poder define su futuro político y judicial. De haberse aceptado su renuncia, se habría convertido en senador vitalicio, una condición que otorga la Constitución a los expresidentes elegidos democráticamente y que le daría inmunidad parlamentaria. Pero si el Senado lo declara culpable en el juicio político, pierde ese beneficio.

El vicepresidente Pedro Alliana está llamado a sucederlo y completar el mandato, que termina en 2028. La Cámara de Diputados también votó un pedido de juicio político contra Alliana, pero fue rechazado con 48 votos en contra y 30 a favor.

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La crisis que tumbó a Ueno Bank

La tormenta comenzó el 3 de noviembre, cuando el Banco Central ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank tras comprobar que su índice de solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido. La investigación detectó créditos irregulares a empresas del mismo grupo económico que derivaron en incumplimientos y en el deterioro de la liquidez de la entidad.

No era un banco menor: tenía 2,9 millones de clientes, el equivalente al 60 % de la población adulta de Paraguay, y era el quinto por volumen de depósitos y el primero por cantidad de clientes. Entre los afectados hay unos 32.000 jubilados que cobraban sus pensiones a través de la entidad, además de unos US$850 millones en fondos públicos, incluidos recursos del sistema de pensiones, de la empresa estatal de electricidad y de la represa de Itaipú.

El Banco Central ya anunció el inicio de los pagos a un primer grupo de ahorristas: quienes tienen saldos de hasta 10 millones de guaraníes, sin deudas con el banco y con una cuenta habilitada en otra entidad. La Fiscalía, por su parte, imputó a 27 personas y ocho altos directivos fueron detenidos; para Miguel Vásquez, mayor accionista, pidió prisión preventiva. Además, la Fiscalía General abrió una investigación penal contra el propio Santiago Peña y designó un equipo de tres fiscales para adelantarla.

Frente al Congreso, los manifestantes piden que la renuncia no archive el juicio y que se establezcan responsabilidades por la crisis que dejó los ahorros de millones de paraguayos congelados.