ICBF pone freno a pacto con el CRIC: la disputa detrás de los contratos para atender a la niñez

El ICBF puso bajo revisión los compromisos que su Regional Cauca pactó con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para la atención a la primera infancia. La discusión involucra los contratos de noviembre y diciembre y las condiciones que deben cumplir quienes prestan estos servicios.

La entidad anunció que las decisiones incluidas en el Acta N.º 11 no producirán efectos. Su argumento es que la dirección regional asumió compromisos por fuera de sus competencias y se apartó de las reglas de contratación pública y de las instrucciones nacionales.

El acta fue suscrita durante las reuniones del 27 y 28 de octubre de 2026. Allí se abordó la continuidad de los contratos de aporte del Modelo Propio del CRIC, con los que se atiende a niños y niñas del departamento.

¿Por qué el ICBF objetó el acuerdo?

Para el Instituto, las oficinas regionales deben ceñirse a las facultades que les delega la Dirección General. Eso incluye las orientaciones que las direcciones de Primera Infancia y de Contratación enviaron el 7 de octubre para los procesos correspondientes a los dos últimos meses del año.

Uno de los puntos centrales es que la continuidad del servicio no significa que un operador tenga derecho automático a un nuevo contrato. Según la posición de la entidad, antes de contratar debe hacerse una evaluación integral de su idoneidad.

El ICBF también sostuvo que las condiciones contractuales no pueden cambiarse mediante acuerdos que desconozcan las normas y las directrices de la institución. Las decisiones sobre el presupuesto y el Manual de Contratación corresponden al nivel central.

Lea también: ELN entregó a una comisión humanitaria a menor que mantuvo 43 días retenida en el Cauca

El aporte del 2 % está en el centro de la discusión

Otro de los desacuerdos gira alrededor de la contrapartida del 2 % que deben aportar los operadores de primera infancia. El Instituto señaló que ese porcentaje es obligatorio y que debe quedar definido en las propuestas de quienes aspiran a prestar el servicio.

En el caso de las organizaciones étnicas, el aporte puede hacerse en dinero o en especie, de acuerdo con sus usos y costumbres. Sin embargo, la entidad recalcó que esa posibilidad no permite disminuir el porcentaje exigido ni dejar su cumplimiento sin verificar.

El cuestionamiento al acta es que presentó ese valor como referencial, permitió avanzar con un compromiso de aporte y dejó para una reunión posterior la definición de los mecanismos para demostrar que se había cumplido.

La verificación tampoco debería recaer en las mismas autoridades que ejecutan los contratos. El ICBF indicó que certificar el cumplimiento de las obligaciones les corresponde a los supervisores, responsables de vigilar los recursos y las condiciones pactadas.

¿Qué pasará con la atención de los niños?

La discusión también incluye las garantías de cumplimiento, calidad del servicio y pago de salarios. Para la entidad, estas deben definirse conforme a la ley y al análisis de riesgos de cada proceso, no mediante condiciones acordadas por fuera de ese marco.

Lea también: Mujer arrollada con tres menores en la Boyacá: revelan nuevos detalles del accidente

Sobre los argumentos relacionados con el Sistema Educativo Indígena Propio, el Instituto sostuvo que el Decreto Ley 481 de 2025 no regula sus contratos de aporte ni elimina las obligaciones vinculadas al manejo de recursos públicos.

La entidad manifestó que reconoce los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y su importancia para el cuidado de la primera infancia. A la vez, señaló que la administración propia debe desarrollarse en armonía con el marco legal vigente.

Finalmente, el ICBF aseguró que seleccionará a los operadores conforme a la ley, a su Manual de Contratación y a las orientaciones vigentes. También anunció que adoptará las medidas necesarias para evitar interrupciones en la atención de los niños y niñas del Cauca mientras se adelantan estos procesos.