Tras cuatro años de ‘paz total’: más de 8 millones de colombianos viven bajo la influencia de grupos armados

Más de ocho millones de personas en Colombia viven hoy bajo la influencia de algún grupo armado ilegal y las necesidades de protección de las comunidades aumentaron 35,7% entre 2025 y 2026. La alerta la hizo Cáritas Colombiana en un comunicado emitido tras la reunión del Grupo de Trabajo por Colombia, que se realizó en Bogotá del 14 al 17 de octubre, en el marco de la conmemoración de los 70 años de la institución.

Las cifras se conocen cuando el país acaba de cerrar el capítulo del gobierno de izquierda de Gustavo Petro, cuya política de «paz total» acumula balances fuertemente críticos. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), tras cuatro años de seguimiento, concluyó que la estrategia «dejó más costos que ganancias» para el país: los integrantes de los grupos armados ilegales aumentaron 90% desde 2022, hasta 28.802 a julio de 2026, según cifras de la Fuerza Pública recopiladas por la fundación, que advierte que los ceses al fuego y la actitud pasiva del Gobierno en las mesas de diálogo pudieron contribuir de forma directa al crecimiento de esas organizaciones.

En la campaña presidencial, el entonces candidato Sergio Fajardo aseguró que la «paz total» se convirtió en un «caos total», porque los grupos ilegales aprovecharon esa iniciativa para fortalecerse y ocupar territorios. Un informe de Asocapitales, que agrupa a las principales ciudades del país, también documentó que la política no logró contener la expansión territorial de las estructuras armadas y que 205 de sus integrantes fueron beneficiados con el levantamiento de órdenes de captura.

El mensaje de Cáritas, respaldado por el obispo Juan Carlos Barreto, presidente de la Comisión Episcopal de la Secretaría Nacional de Pastoral Social, y por el padre Diego Meza, director de esa institución, señala que las disputas territoriales, los confinamientos, el desplazamiento, el reclutamiento y la utilización de menores en la guerra y las economías ilícitas, sumados a las emergencias climáticas y al aumento de la movilidad humana, limitan los derechos de las comunidades, restringen el acceso humanitario y socavan su autonomía.

El documento advierte que los riesgos son particularmente graves para niños, niñas, mujeres, líderes sociales, defensores de derechos humanos, defensores ambientales y agentes pastorales.

Combates en Nariño, el caso más reciente

Uno de los ejemplos más recientes de esta violencia se registra en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Desde el pasado sábado 17 de octubre se presentan enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Nariño y el Estado Mayor Central (EMC), facción disidente de las antiguas Farc al mando de alias Iván Mordisco.

Según medios locales, los combates han obligado a unas 400 personas a permanecer confinadas en una zona rural del municipio de Linares. La situación llevó a la Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín Ortiz, a solicitar este miércoles una intervención humanitaria urgente para atender las necesidades de las comunidades de Linares y Los Andes y garantizar sus derechos.

«Advertimos sobre la gravedad de esta escalada de violencia, que agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida», señaló la Defensoría, que también pidió garantizar el acceso a alimentación, agua potable, salud y protección, y no obstaculizar el ingreso de los organismos humanitarios a las zonas afectadas.

La tensión en la zona es tal que el lunes una misión humanitaria integrada por funcionarios de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía de Linares fue atacada con ráfagas de fusil cuando intentaba llegar a la aldea Bella Florida para evacuar a más habitantes. La comisión había logrado evacuar a más de 300 personas de otras aldeas, pero tuvo que suspender el recorrido hacia Bella Florida, donde cerca de un centenar de personas permanecía confinada.

Llamado a abandonar la violencia

La violencia en Nariño es solo uno de los focos que siguen azotando a Colombia a diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las antiguas Farc. Ante esta realidad, el Grupo de Trabajo de Cáritas instó a los actores armados a abandonar la violencia y avanzar hacia su fin, y exigió el cese de los ataques contra la población civil, el reclutamiento, las restricciones a la movilidad y el respeto de los derechos humanos.

Cáritas Colombia también reiteró su respaldo al diálogo y a los acuerdos humanitarios como una forma de proteger a las comunidades que sufren el conflicto, y denunció que el porte de armas y la venganza por parte de la ciudadanía solo alimentan la espiral de la guerra.

El reto que recibe el nuevo Gobierno

El Grupo de Trabajo exhortó al Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, a impulsar la aplicación integral del Acuerdo de Paz de 2016 y, en coordinación con las autoridades territoriales, a fortalecer la protección de las comunidades y sus líderes, prevenir nuevos ataques y garantizar asistencia integral a las víctimas.

El llamado llega en un momento crítico: el nuevo Gobierno recibe un país donde los grupos ilegales crecieron 90% en integrantes durante los años de la «paz total», según el balance de la FIP, y donde comunidades enteras siguen confinadas, desplazadas o reclutadas por esas estructuras.

Asimismo, Cáritas pidió garantizar la participación política, la protesta social y las iniciativas de paz, y llamó a la comunidad internacional a mantener su apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz y a las víctimas en su búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Finalmente, la institución vinculó la construcción de paz con la justicia social y la protección del medio ambiente, al advertir que la minería irresponsable, la deforestación y la crisis climática afectan los territorios y los medios de vida de las poblaciones. «La paz nos llama a todos y exige compromisos diarios y permanentes», concluyó el mensaje, que reafirmó el compromiso con una Colombia reconciliada, donde todas las personas puedan vivir libres de miedo y violencia.

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