Gobierno De la Espriella activa ruta de protección para Deicy Jiménez, la mujer que denunció a Petro

El Gobierno nacional activó este domingo 25 de octubre la ruta de protección para salvaguardar la vida, la seguridad y la integridad de Deicy Jiménez, la mujer de 26 años que en una entrevista publicada hoy por la revista Semana denunció al expresidente Gustavo Petro por presuntos pagos de servicios sexuales con contratos estatales.

La medida fue confirmada por el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Unidad Nacional de Protección (UNP) en un comunicado conjunto. Según el pronunciamiento oficial, la activación de la ruta se dio por instrucción expresa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y es adelantada por el ministro de Justicia y ministro del Interior encargado, Iván Cancino González, en articulación con la UNP.

«La protección de la vida no admite dilaciones. En cumplimiento de la directriz presidencial, se adelantarán las actuaciones correspondientes con la debida diligencia, confidencialidad y respeto por los derechos de la señora Jiménez, garantizando una respuesta institucional oportuna y coordinada», señaló el Gobierno.

Las dos entidades reiteraron su disposición de atender y orientar a las personas que teman por su vida con ocasión de su actividad política, social o informativa. «Toda persona debe poder acudir a las autoridades y expresar su testimonio sin temor a amenazas o represalias», agregó el comunicado, que precisó que el caso se manejará «con diligencia y con la reserva necesaria para proteger a la señora Jiménez, respetando su dignidad y sus derechos».

¿Qué implica la ruta de protección?

La ruta de protección es el mecanismo institucional mediante el cual la UNP evalúa el nivel de riesgo que enfrenta una persona y, con base en ese estudio de seguridad, define las medidas de amparo que se le asignan. Dependiendo del resultado, esas medidas pueden incluir esquemas de escolta, transporte blindado, sistemas de comunicación y otras herramientas logísticas de protección.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, la decisión no responde a un trámite ordinario, sino a una instrucción directa del jefe de Estado, emitida con prioridad para mitigar de forma oportuna los riesgos que podría enfrentar la denunciante. «La instrucción del presidente de la República es clara: la vida se protege, los derechos se garantizan y las instituciones actúan», concluyó la cartera.

Las declaraciones que motivaron la medida

En la entrevista con la periodista Vicky Dávila, Jiménez aseguró que habría sostenido una relación íntima con Petro y que recibió contratos con el Estado durante cerca de cinco años, una situación que, en su concepto, configuraba un abuso de poder. También habló de la presunta existencia de una red de entre 30 y 40 mujeres en condiciones similares, afirmó que en alguna ocasión le habría transportado droga al entonces mandatario y manifestó que temía represalias por haber decidido hablar. Esos señalamientos corresponden únicamente a su testimonio y no han sido verificados judicialmente. En la misma conversación le pidió protección al presidente De la Espriella.

Frente a las denuncias, el expresidente Petro no se ha pronunciado públicamente hasta el momento.

Los registros del Portal Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia muestran que Jiménez ha suscrito diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026: siete con entidades del Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Uno de ellos, firmado con el Ministerio del Interior el 21 de enero de este año por $30.457.000, sigue vigente y tiene fecha límite de ejecución el 31 de diciembre.

Denuncia ante la Comisión de Acusación

Horas después de conocidas las declaraciones, el Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se esclarezcan posibles irregularidades en la contratación pública relacionadas con los señalamientos de Jiménez. El documento, firmado por el director de la organización, Camilo Alberto Enciso, también fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud busca establecer si se utilizaron recursos públicos para fines particulares y si existieron anomalías en la contratación estatal. El Instituto indicó que conoció los señalamientos a través de publicaciones periodísticas y pidió determinar qué ocurrió y quiénes habrían participado en los hechos mencionados, que deberán ser verificados por las autoridades competentes.

El tema llega, además, en un contexto político cargado: en un reciente debate de control político en el Senado, el director del Dapre, Carlos Ríos, había hablado de la presunta existencia de una red de cerca de 50 mujeres que habrían sido instrumentalizadas con recursos públicos a través de contratos y órdenes de prestación de servicios durante el gobierno anterior.

Desde la cartera de Justicia se hizo, además, un llamado a las demás ramas del poder público y a los organismos de control para que vigilen de cerca la evolución del caso, mientras la UNP adelanta las actuaciones para proteger a la señora Jiménez «respetando su dignidad y sus derechos». «Proteger la vida es nuestra misión y nuestro compromiso», concluyeron las entidades.

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