Error de trámite pone en jaque el Presupuesto 2027: podría salir por decreto del Gobierno

El Presupuesto 2027, aprobado en la madrugada del martes 20 de octubre tras una larga jornada en el Congreso, quedó en entredicho por un error de trámite en el artículo 65. Senado y Cámara de Representantes habrían votado textos distintos de esa norma y la conciliación que exige la ley no se hizo antes de que venciera el plazo legal. Si se confirma, el país tendría que regirse por un presupuesto expedido por decreto.

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Qué pasó con el artículo 65

La diferencia salió a la luz tras una revisión de los registros en video de ambas sesiones. De acuerdo con esa revisión, en la plenaria del Senado el artículo 65 se aprobó tal como venía en la ponencia, es decir, sin proposiciones. En la Cámara, en cambio, se habría votado con una proposición adicional que modificaba su contenido.

La primera en advertir la inconsistencia fue la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández, junto con la exdefensora del pueblo de Bogotá Lina García. «Esta madrugada se aprobó mal el presupuesto en el Congreso», afirmó la congresista, quien aseguró que ambas cámaras aprobaron textos diferentes y sin la conciliación obligatoria.

El caso adquirió mayor peso cuando se conoció la posición de la Secretaría General del Senado. Su titular, Diego González, dejó constancia de que durante la discusión en esa plenaria el artículo 65 fue aprobado «sin proposiciones». También informó que dio instrucciones a la Sección de Relatoría para publicar el enlace oficial con la totalidad de las proposiciones aprobadas, y que en ese registro público no figura ninguna relacionada con ese artículo.

Según el propio secretario, tuvo conocimiento de que en el trámite en la Cámara de Representantes el mismo artículo habría sido aprobado con una proposición. Esa diferencia entre los dos textos es el centro de la controversia.

Por qué se necesitaba una conciliación

Cuando una cámara aprueba un proyecto con un texto distinto al de la otra, la ley exige conciliar las diferencias. Una vez unificada la versión, esta debe votarse de nuevo en las plenarias de Senado y Cámara. Ese paso no se cumplió en este caso.

El tiempo fue el gran obstáculo. El plazo para aprobar el presupuesto vencía el 20 de octubre y el debate en la Cámara se extendió hasta la madrugada, cerca de las 3:45 de la mañana. Para no pasarse del límite, el Congreso aceleró el trámite: la Cámara estudió y votó por paquetes los artículos como habían quedado en el Senado, con las mismas proposiciones. En el artículo 65 esa regla habría fallado, porque una proposición que su autor retiró en el Senado sí recibió el visto bueno en la Cámara.

El presupuesto podría salir por decreto

Con el plazo vencido, la Constitución prevé en su artículo 348 que rija por decreto el presupuesto que el Gobierno presentó inicialmente al Congreso. Eso significaría que quedarían por fuera los cambios que introdujeron los congresistas, entre ellos ajustes en recursos para salud y reducciones en el pago de deuda, que fueron parte de la negociación para sacar adelante el proyecto.

Se mantendrían los artículos 83 y 85, que le dan al Gobierno facultades para mover recursos dentro del presupuesto, pues ya estaban en el texto original. El proyecto aprobado en el Congreso ascendía a $634,9 billones.

Fuentes del Gobierno nacional habrían confirmado que el presupuesto tendrá que salir por decreto debido al error de trámite. Las consecuencias jurídicas exactas, sin embargo, deberán determinarse conforme a las reglas del procedimiento legislativo.

Qué está en juego

La aprobación del presupuesto es uno de los principales retos que cada año enfrenta el Gobierno en el Congreso y una señal de su capacidad de gestión ante los mercados y los inversionistas. Que el primer presupuesto de la administración de Abelardo de la Espriella se tambalee por un vicio de procedimiento abre un debate sobre la responsabilidad de quienes debían garantizar la legalidad del trámite, tanto en el Gobierno como en el Legislativo.

Mientras se aclara el panorama, el país está atento a la decisión que adopten el Ejecutivo y el Congreso sobre cómo resolver la situación y bajo qué texto se ejecutarán los recursos de 2027.

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Foto de archivo.