El Gobierno español, acusado de censura, dice que lucha contra los bulos

La polémica en España sobre la supuesta intención de controlar la información de la epidemia se avivó días atrás, cuando un alto mando de las fuerzas de seguridad, el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago, dijo en una rueda de prensa que este cuerpo policial trabajaba para “minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó hoy en el Parlamento que el Ejecutivo, que dirige el socialista Pedro Sánchez, sólo monitoriza la red para proteger al Estado y a los ciudadanos.

El Partido Popular (conservador) y Vox (extrema derecha) reprocharon a Grande-Marlaska que el Ejecutivo está aprovechando la crisis sanitaria para cercenar la libertad de expresión, según opinaron.

Entre los partidos situados más a la izquierda y algunos nacionalistas, la crítica se centró en la aplicación de una “ley mordaza” para el control de las medidas del estado de alarma y en los “abusos” de los agentes del orden cuando sancionan el incumplimiento del confinamiento de la población, impuesto desde el 14 de marzo para contener el contagio.

“No hay censura, trabajamos para proteger a la sociedad y en situaciones complejas como esta”, se defendió el ministro, que rechazó que haya “persecución política”.

También subrayó la proporcionalidad con la que actúan los agentes, aunque matizó que España es un Estado de eerecho y, si se constata que hubo abusos, se depurarán las responsabilidades.

También se refirió a los “desaprensivos” que, en esta crisis, “pretenden aprovechar la grave situación sanitaria”, en relación con el incremento del cibercrimen y de delitos como estafas en la red, ofertas de falsos remedios y curas, la manipulación de documentos oficiales y desinformación sobre el estado real de servicios esenciales.

El ministro argumentó que las estafas, falsas alarmas o vacunas inexistentes no pueden justificarse como ejercicio de la libertad de expresión y deben perseguirse.

Según el ministro, hasta ahora se han impuesto 680.995 sanciones y 6.061 personas fueron detenidas por saltarse sin justificación el confinamiento.

EFE