El expresidente de Federación Peruana pasará a arresto domiciliario por la COVID-19

El empresario Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), continuará en arresto domiciliario la prisión preventiva que cumple desde 2018, ante la amenaza que representa para su salud la epidemia de COVID-19.

La decisión fue tomada este jueves por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la ciudad norteña de Chiclayo, que rechazó la petición de la defensa de Oviedo de anular la prisión preventiva, pero aceptó que siga cumpliéndola en su domicilio.

De esa manera, el exdirigente dejará el penal de Picsi por el peligro que implica para su salud un eventual contagio de la enfermedad, ya que padece de obesidad e hipertensión arterial, así como por el hacinamiento que hay en la cárcel donde aún se encuentra.

Antes de pasar a arresto domiciliario, deberá pagar una caución de 100.000 soles (unos 28.500 dólares) y cumplir una serie de reglas de conducta.

La portavoz de la familia de Oviedo, Ana María Yesquén, declaró en la emisora RPP Noticias que el empresario cumplirá la decisión judicial en su domicilio de la ciudad de Chiclayo.

El abogado del expresidente de la FPF, César Nakasaki, había señalado la semana pasada que este tenía síntomas de la COVID-19 y pidió que un médico lo examine, ya que en el penal de Picsi se han reportado enfermos y fallecidos por la epidemia.

Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) señaló este miércoles que Oviedo se negó a someterse a una prueba de descarte durante el último fin de semana, aunque Yesquén dijo que esto sucedió porque la prueba no iba a estar a cargo de personal especializado.

El pasado martes, el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, solicitó públicamente que se le practiquen pruebas de COVID-19 a Oviedo, quien lo contrató para dirigir el exitoso proceso que permitió la clasificación peruana a una Copa del Mundo después de 36 años, en Rusia 2018.

Gareca indicó que se trató de una “petición humanitaria” en favor de Oviedo, con independencia de su situación de legal como imputado por presuntamente haber ordenado los asesinatos de dos sindicalistas de una de sus empresas.

El empresario permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2018, tras ser señalado como presunto líder de una organización criminal que asesinó a los sindicalistas, por lo que un fiscal ha pedido que se le impongan 26 años de cárcel.

EFE