Resumen: La Fiscalía prevé escuchar a Carlos Ríos, director del Dapre, para ampliar sus denuncias sobre presunta contratación irregular de mujeres durante el gobierno Petro. También se contemplan inspecciones en la entidad. Las acusaciones siguen bajo verificación y Petro negó haber entregado contratos a cambio de sexo.
Las denuncias del director del Dapre, Carlos Ríos, sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro tendrían un nuevo paso ante la justicia. La Fiscalía prevé escucharlo para ampliar los señalamientos que hizo ante el Congreso y reunir información sobre los hechos que están bajo indagación.
El anuncio se conoce en medio de las declaraciones públicas de Deicy Jiménez y de las actuaciones para contrastar las distintas versiones. No se trata de una imputación contra Ríos: la diligencia anunciada busca que aporte detalles de sus denuncias y ayude a establecer qué ocurrió.
La noticia criminal fue abierta el 23 de octubre y quedó a cargo de una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, con apoyo de un equipo especializado.
¿Para qué sería llamado el director del Dapre?
De acuerdo con información de fuentes del ente acusador recogida por Infobae, la Fiscalía contempla escuchar al funcionario y realizar inspecciones en el Departamento Administrativo de la Presidencia. El propósito sería obtener información de los contratos mencionados y contrastarla con los relatos de quienes sean llamados a declarar.
La información conocida no incluye una fecha para la declaración de Ríos ni permite afirmar que las inspecciones ya se hayan realizado. Se trata de diligencias anunciadas dentro de una indagación preliminar, no de una decisión judicial que dé por demostradas las acusaciones.
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Entre las personas que serían escuchadas también están las exdirectoras del Dapre, Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Sus versiones permitirían aportar información sobre el funcionamiento de la entidad y las circunstancias de los vínculos contractuales cuestionados. Una citación, por sí sola, no establece responsabilidad penal.
¿Qué había denunciado Carlos Ríos?
Durante un debate de control político realizado el 21 de octubre en la Comisión Segunda del Senado, el director del Dapre aseguró que 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el gobierno del expresidente Petro. El funcionario anunció que llevaría esos señalamientos ante las autoridades.
Ríos sostuvo que varias de esas mujeres estaban hablando con su equipo. Sin embargo, en esa intervención no presentó públicamente documentos ni otros elementos que permitieran comprobar sus afirmaciones. Precisamente, la recolección y el contraste de información son parte del trabajo que debe adelantarse para establecer el alcance de las denuncias.
A esos señalamientos se sumó el testimonio de Deicy Jiménez, quien afirmó en una entrevista con Vicky Dávila que habría recibido contratos a cambio de encuentros íntimos con Petro. También aseguró que otras mujeres habrían pasado por situaciones similares. Esas afirmaciones siguen sujetas a verificación por las autoridades.
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Petro negó haber entregado contratos a cambio de sexo
El expresidente Gustavo Petro rechazó expresamente la acusación en un comunicado publicado en sus redes sociales. «Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales», escribió. También negó haber utilizado el poder público para obtener sexo y sostuvo que los señalamientos hacen parte de un ataque político en su contra.
La existencia de contratos estatales no demuestra, por sí misma, que hayan sido entregados como contraprestación por encuentros sexuales. Establecer esa relación exige contrastar las versiones, revisar los documentos y determinar las circunstancias concretas de cada vínculo contractual, sin convertir las denuncias públicas en hechos probados.
Por ahora, la novedad es la declaración prevista del director del Dapre y la búsqueda de información contractual. Las diligencias apuntan a ampliar lo denunciado y reunir elementos para esclarecerlo. No equivalen a una condena ni sustituyen la presunción de inocencia de las personas mencionadas.
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