Contrato a socio de Villanueva abre preguntas sobre la salida de Rodrigo Lara

La salida de Rodrigo Lara Restrepo del Ministerio del Interior, anunciada por el presidente Abelardo de la Espriella el 21 de octubre, coincidió con un contrato directo de la cartera a Luis Eduardo Saavedra Ramírez. Los papeles disponibles documentan el negocio y la sociedad de Saavedra con Alejandro Villanueva, un serio contradictor del gobierno.

El proceso CD-2113-2026 corresponde a un contrato de prestación de servicios profesionales por $54.944.833, adjudicado mediante contratación directa y con una duración de 85 días, hasta el 31 de diciembre de 2026. El objeto es prestar asistencia técnica, seguimiento y articulación institucional a la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del MinInterior. La ficha contractual registra el valor total y el plazo. El certificado de idoneidad fechado el 30 de septiembre, firmado por Iván Rodrigo Rojas Arboleda, considera a Saavedra idóneo para esa labor.

La otra pieza central es la relación empresarial. El certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 23 de octubre identifica a Sophia, Publicidad y Política S.A.S., matriculada el 28 de octubre de 2024. El capítulo de estatutos aportado registra un capital suscrito y pagado de $40 millones, dividido en partes iguales: 50% para Alejandro Villanueva Jaimes y 50% para Luis Eduardo Saavedra Ramírez. La participación acredita que son socios de la compañía; no demuestra por sí sola que sean “mejores amigos” ni que recursos del contrato público hayan financiado trabajo político.

¿Quién es Villanueva en este cruce? Una nota de Vía Pública sobre su trayectoria afirma que Sophia trabajó la estrategia de redes de Juan Daniel Oviedo, manejó las redes de Alejandro Gaviria y asesoró la campaña de Lara a la Alcaldía de Bogotá en 2023. En el archivo de gastos de primera vuelta de Paloma Valencia reportado ante el Consejo Nacional Electoral, el material remitido a esta redacción registra dos pagos de campaña a Sophia por prestación de servicios, ambos por $15 millones. Esos renglones acreditan pagos reportados a la sociedad, no quién realizó personalmente cada tarea.

Las cuatro capturas entregadas a la redacción y atribuidas a la cuenta @VillanueAle muestran posiciones públicas cercanas a Lara y críticas al actual Gobierno. El 26 de junio, el autor escribió que ser amigo de Lara no significaba falta de independencia y que la amistad “no tiene nada que ver” con puestos o contratos. El 8 de octubre sostuvo que las críticas de “los tigrillos” a Lara hablaban bien del exministro. El 21 de octubre afirmó que “sacaron” a Lara por no ceder ante “oscuros negocios” y cuestionó a Carlos Suárez. El 22 de octubre, señaló a Suárez en una controversia sobre Piedad Córdoba y De la Espriella, y dijo haber recibido amenazas. Son afirmaciones de las publicaciones capturadas; estos documentos no verifican sus acusaciones ni permiten establecer motivos para la salida de Lara.

La coincidencia plantea interrogantes pertinentes para un Gobierno que defiende la transparencia: ¿se conocía que el contratista era socio de Villanueva? ¿Qué revisión de eventuales conflictos de interés se hizo antes de contratar? También falta establecer quién elaboró, aprobó y supervisó el contrato, y qué productos se entregaron. No hay en el material revisado evidencia de que el pago estatal haya financiado contenidos contra el presidente o Suárez.

Semana informó sobre el contrato el 24 de octubre y atribuyó los hallazgos iniciales a la periodista Sofy Casas. El medio también consignó que una posible financiación de ataques no está demostrada. Sobre la salida de Lara, Noticias Caracol reportó que el presidente anunció el relevo sin explicar públicamente el motivo y situó el cambio en un momento de tensión por el trámite del Presupuesto de 2027. Ninguna de esas coberturas establece el vínculo causal planteado en el debate político.

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