Contraloría abre proceso fiscal por presunto detrimento de más de $3.000 millones en arrecifes de San Andrés

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial superior a los $3.000 millones en un proyecto para recuperar los arrecifes coralinos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El anuncio lo hizo el contralor general, Jorge Laverde, este martes 20 de octubre.

Según el organismo de control, el caso se originó en un contrato firmado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina), la Asociación de Municipios de la Costa y la organización Escudo Ambiental de Colombia. El proyecto se financió con recursos del Fondo Nacional Ambiental.

Un proyecto para salvar los corales

La iniciativa estaba dirigida a la recuperación y fragmentación de arrecifes coralinos afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo, una afección que ha golpeado con fuerza los ecosistemas marinos del archipiélago en los últimos años. La técnica de fragmentación consiste en dividir colonias de coral sanas para sembrarlas en zonas deterioradas y ayudar a su recuperación.

La Contraloría explicó que la actuación se adelantó junto con la gerencia departamental colegiada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que el hallazgo se dio tras revisar la ejecución del contrato y sus soportes.

Qué encontró la Contraloría

De acuerdo con el contralor, durante la revisión se identificaron presuntas inconsistencias en la ejecución del proyecto. Entre los hallazgos señalados por el ente de control están:

• Actividades que al parecer no se ejecutaron o quedaron inconclusas frente a las metas de restauración de los arrecifes.
• Aparentes inconsistencias en los soportes de gastos del proyecto.
• Pagos de viajes a las Bahamas que, según la entidad, no estarían justificados y se habrían cubierto con dinero del proyecto.
• Presunta fragmentación y posible direccionamiento en la contratación, mediante alianzas entre entidades locales y asociaciones externas.

Con base en esos hallazgos, el organismo abrió el proceso de responsabilidad fiscal, una actuación que busca determinar si hubo un daño al patrimonio público y quiénes serían los responsables de resarcirlo.

Quiénes quedaron vinculados

La Contraloría informó que vinculó como presuntos responsables fiscales a varios servidores y exservidores públicos que participaron en la planeación, la supervisión, la ejecución, el control y la liquidación del contrato. También fue vinculado el representante legal de la entidad contratista que desarrolló el proyecto.

Es importante precisar que se trata de una etapa inicial. La apertura de un proceso de responsabilidad fiscal no es una condena: los vinculados podrán presentar sus descargos y aportar pruebas antes de que se tome una decisión de fondo.

Piden un grupo de investigación externo

En paralelo, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, liderada por la exmagistrada Cristina Lombana, solicitó formalmente a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía activar el control excepcional y el poder preferente. La petición también plantea conformar un grupo conjunto de investigación externo, con sede en Bogotá, para proteger los procesos de posibles influencias locales.

Según se conoció, la Fiscalía mantiene activas al menos 33 noticias criminales e investigaciones por presuntos hechos de corrupción en distintas entidades de San Andrés.

Lo que sigue

Ahora el proceso avanzará con la recolección de pruebas y la notificación a los vinculados, quienes tendrán la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. Si al final se determina que hubo un daño al patrimonio público, la Contraloría podrá proferir un fallo con responsabilidad fiscal y ordenar el resarcimiento de los recursos.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa la vigilancia a los recursos destinados a la protección ambiental del archipiélago, una reserva de biosfera cuyos arrecifes son vitales para la pesca artesanal, el turismo y la defensa de las costas frente a la erosión y los huracanes.

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Foto: Contraloría General de la República