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CIDH pide que se investigue operación militar en Putumayo donde murieron civiles

La Comisión también instó a que se investigue el asesinato del líder indígena nasa Miller Correa

Puerto Leguízamo -cidh
Fotografía del 25 de febrero de 2022, que muestra a soldados del Ejército colombiano mientras recorren las calles de la vereda Las Vegas, departamento del Putumayo (Colombia). EFE/Carlos Ortega

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado colombiano a que se investigue lo sucedido en el Putumayo en medio de la operación militar contra disidencias de las Farc en la que habrían muerto civiles.

La CIDH expuso que el Ministerio de Defensa anunció la operación como un golpe contra grupos armados ilegales, legitimando los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que murieron 11 personas y resultaron heridas al menos cuatro.

Sin embargo, indicó que organizaciones de derechos humanos e indígenas “informaron a la Comisión que los cuerpos identificados hasta el momento corresponden a personas integrantes de las comunidades indígenas y campesinas de la región”.

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En el comunicado se menciona a Pablo Panduro Cochinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa de Bajo Remanso, Ana María Sarría y Didier Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal.

Además, se habla de que la comunidad ha expresado que aún hay personas desaparecidas, información que el Estado no ha verificado, así como que se les habría denegado asistencia médica a individuos que resultados lesionados en el operativo militar.

Por otro lado, la CIDH mencionó a Miller Correa, líder del Pueblo Nasa y defensor de derechos humanos, asesinado en El Tambo (Cauca) y exhortó al Estado a que continúe investigando los sucesos y autores que terminaron con la vida de este.

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Las denuncias recientes de violaciones de derechos humanos en Colombia hicieron que la CIDH inste al Gobierno a “fortalecer su presencia integral en el territorio y garantizar un diálogo con las organizaciones de los grupos étnico-raciales, comunidades tribales y campesinas del país a los efectos de concertar acciones que garanticen el derecho a la vida y la integridad física de los pueblos étnicos y comunidades campesinas del país”.

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