¡Cayó Santiago Peña! El Senado de Paraguay lo destituyó por el escándalo de Ueno Bank

El Senado de Paraguay aprobó este viernes la destitución del presidente Santiago Peña en un juicio político por mal desempeño de funciones, en medio del escándalo financiero que desató la caída de Ueno Bank, uno de los principales bancos de ese país. Con 44 votos a favor, casi la totalidad de la Cámara Alta de 45 senadores, Peña perdió la Presidencia y los fueros que lo protegían de la justicia ordinaria. Apenas un senador se ausentó de la votación.

La decisión corona tres días de crisis política y financiera en el país vecino. La madrugada del martes, el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La entidad, un banco digital al que Peña estuvo vinculado al menos hasta 2025, tiene unos tres millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta paraguaya, y manejaba más de 800 millones de dólares de dinero público, entre ellos unos 380 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social, el fondo que administra las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

Con la intervención, los ahorros de millones de clientes quedaron congelados y estallaron las protestas en Asunción. El jueves, Peña anunció su renuncia en un mensaje en sus redes sociales, pero los diputados oficialistas abandonaron la sesión conjunta del Congreso que debía votarla y la dejaron sin quórum. De haberse aceptado la dimisión, Peña habría pasado a ser senador vitalicio con fueros especiales; al seguir adelante el juicio político, quedó expuesto a responder ante la justicia como un ciudadano común.

Ese mismo jueves, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación contra Peña y la remitió al Senado. El mandatario pidió una prórroga de 72 horas para preparar su defensa, que los legisladores rechazaron. Sin su presencia en el recinto, sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, ejercieron la defensa y sostuvieron que el juicio era nulo porque ya había presentado su renuncia; además advirtieron que acudirán a tribunales internacionales.

Los cargos contra Santiago Peña

El pleno del Senado lo encontró responsable de conflicto de intereses y cooptación del Estado; de manipulación regulatoria y desvío de los fondos jubilatorios del IPS; de sobrepaso de los límites crediticios en Ueno Bank, con presunto encubrimiento del Banco Central; de beneficio patrimonial indebido, con indicios de enriquecimiento ilícito; y de afectar la confianza en el sistema financiero, con riesgo sistémico para el país.

Al renunciar, Peña había escrito: «Presenté mi renuncia para evitar más daño al país y contribuir a devolverle la tranquilidad al Paraguay. No quiero que mi presencia sea motivo de mayor división o inestabilidad. Mi responsabilidad es poner al país por encima de mi destino personal». Y agregó: «Me despido con gratitud, sin desconocer la angustia de quienes hoy esperan respuestas».

La destitución desató festejos en el centro de Asunción, donde cientos de personas celebraron la salida del mandatario tras días de protestas por los ahorros congelados. En medio de la crisis, la Embajada de Estados Unidos en Asunción llamó a la calma: «Alentamos, como amigo y aliado del Paraguay, a que las autoridades y el pueblo paraguayo mantengan la paz y respeten sus instituciones democráticas».

¿Qué sigue en Paraguay?

De acuerdo con la Constitución paraguaya, el vicepresidente Pedro Alliana debe asumir la Presidencia y completar el mandato, que termina en agosto de 2028. Alliana, compañero de fórmula de Peña en el Partido Colorado desde 2023, superó esta semana su propio intento de juicio político, que la Cámara de Diputados rechazó con 48 votos. Con la vacante que deja en la vicepresidencia, el Senado deberá elegir a un sucesor entre sus miembros.

Para Peña, en cambio, se abre un escenario judicial. La Fiscalía paraguaya ya adelanta una investigación por el colapso de Ueno Bank, que dejó siete personas detenidas, entre ellas dos integrantes del directorio de la entidad, y un directivo prófugo con orden de captura. Sin fueros ni senaduría vitalicia, el ahora expresidente deberá afrontar esos procesos como un ciudadano común.

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