«¡Bienvenido a la Patria Milagro, miserable!»: presidente al hombre que amenazó de muerte a la primera dama

El joven señalado de amenazar de muerte a la primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda Aruachán, y a los hijos del presidente Abelardo de la Espriella, fue cobijado con medida de aseguramiento privativa de la libertad, según informó el propio mandatario al dar a conocer el desenlace judicial del caso que sacudió a la familia presidencial el pasado fin de semana.

El presidente De la Espriella entregó la cronología completa de los hechos. El domingo 18 de octubre, a las 10:12 de la mañana, un hombre lanzó amenazas de muerte contra su esposa y sus hijos a través de una cuenta anónima de Instagram. Ese mismo día, a las 12:23 del mediodía, se radicó la denuncia ante las autoridades.

La respuesta judicial fue inmediata. El lunes 19 de octubre, a las 11:57 de la noche, las autoridades hicieron efectivo el allanamiento y la captura del presunto responsable en Pereira, Risaralda. Durante la diligencia, según el relato del jefe de Estado, los uniformados encontraron una importante cantidad de marihuana en poder del capturado.

La Fiscalía General de la Nación le imputó al joven los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del Código Penal, y amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, tipificado en el artículo 188E. Este miércoles, según el pronunciamiento del mandatario, un juez de control de garantías lo cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad, por lo que deberá responder ante la justicia mientras avanza el proceso.

«Como esposo, como padre y como presidente de la República, tengo absolutamente claro que las amenazas de muerte contra cualquier familia colombiana son intolerables. Mi familia merece protección, como la merecen todas las familias de Colombia. ¡Nadie tiene derecho a sembrar el terror en los hogares de nuestra patria!», afirmó el presidente De la Espriella en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Del anónimo en Instagram a la captura en Pereira

Los hechos se remontan al pasado domingo, cuando desde una cuenta anónima de Instagram se difundió una publicación con señalamientos contra la vida y la integridad de la primera dama y de sus familiares. La denuncia inmediata activó las actuaciones judiciales y los trabajos de investigación técnica, que permitieron relacionar preliminarmente al capturado con el envío del mensaje intimidatorio.

La captura se produjo durante una diligencia de registro y allanamiento adelantada por la Policía Nacional en un inmueble de la capital risaraldense. En el lugar fueron incautados un computador y un teléfono celular que, según las autoridades, contienen información relevante para avanzar en las actividades de verificación.

Hasta el momento no se ha divulgado públicamente la identidad del procesado. El caso quedó en manos de un fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos Informáticos, la dependencia del ente investigador encargada de perseguir los comportamientos criminales cometidos a través de plataformas digitales.

«En la Patria Milagro, los delincuentes deben temerle a la justicia, no los ciudadanos a los delincuentes. ¡Bienvenido a la Patria Milagro miserable!», sentenció el mandatario, quien cerró su pronunciamiento con su característico «¡Firme por la Patria!».

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Las amenazas digitales no quedan impunes

El caso se suma a la lista de investigaciones que las autoridades colombianas adelantan contra quienes usan el anonimato de las redes sociales para intimidar a figuras públicas y a sus familias. Las investigaciones técnicas permiten rastrear el origen de las publicaciones, identificar los dispositivos utilizados y establecer responsabilidades, incluso cuando los mensajes se envían desde perfiles falsos o cuentas anónimas.

Las amenazas agravadas contemplan penas de prisión en Colombia y su castigo aumenta cuando la conducta se comete contra determinadas personas o por medios que generan mayor zozobra, como las plataformas digitales, desde donde es posible difundir mensajes intimidatorios de forma masiva.

Las autoridades han reiterado que el anonimato en internet no garantiza impunidad e invitan a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier mensaje intimidatorio, como ocurrió en este caso, en el que la denuncia oportuna permitió la captura del presunto responsable en menos de dos días y su posterior judicialización.