Resumen: El Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió no prorrogar el contrato de fiducia del Fomag con Fiduprevisora, vigente desde 1990, y abrió una transición de un año, prorrogable, desde el 1 de noviembre de 2026. La medida busca proteger la salud de más de 820.000 maestros y beneficiarios tras 59 hallazgos técnicos, patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos y más de 109.000 quejas desde 2024.
El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella decidió no prorrogar el contrato de fiducia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y puso en marcha una transición para proteger el derecho a la salud de los maestros y sus familias.
El anuncio lo hizo este viernes, 30 de octubre, el Ministerio de Educación Nacional, en sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fomag. La decisión corresponde al Contrato de Fiducia Mercantil No. 083 de 1990, suscrito con Fiduprevisora S. A., cuyo plazo vence este 31 de octubre.
Tras 36 años de la suscripción del contrato, firmado el 21 de junio de 1990, este 1 de noviembre de 2026 comienza una nueva etapa en el Fondo. La transición durará un año, prorrogable durante un año más, y priorizará la protección de los derechos de los afiliados mediante la continuidad de la atención en salud y de las prestaciones económicas.
La decisión se sustenta en recomendaciones de los ministerios de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público y de los representantes de Fecode, en estrictas revisiones jurídicas, técnicas, financieras y operativas, informes de supervisión, hallazgos de entidades de control y en la escucha a maestros y otros actores del sistema.
“No podemos prolongar las condiciones que han contribuido a esta crisis ni normalizar sus consecuencias. El Fomag no es solo un instrumento administrativo o financiero, es el mecanismo a través del cual el Estado debe responder por los derechos de quienes educan a Colombia”, afirmó la ministra de Educación Nacional, Ilva Myriam Hoyos Castañeda.
La ministra precisó que la decisión no significa desconocer los derechos y conquistas de los maestros ni la interrupción de los servicios por parte de los prestadores de salud y el pago de las prestaciones económicas. “La no prórroga del contrato no significa, en ningún caso, la afectación de los servicios de salud. En el proceso de transición que se inicia desde el 1.º de noviembre, los maestros y sus familias tendrán garantizados sus derechos a la vida y a la salud, así como las pensiones y las cesantías”, explicó.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, señaló que “los maestros no pueden asumir las consecuencias de las fallas administrativas. La salud y las prestaciones sociales son derechos que el Estado debe proteger. Esta transición debe poner a los afiliados en el centro y asegurar que sus derechos no se vean afectados”.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, enfatizó que “los recursos destinados a la salud del magisterio deben administrarse con transparencia, trazabilidad y control, y traducirse en atención efectiva para los maestros y sus familias”.
Según la cartera de Educación, la decisión se tomó con base en 59 hallazgos técnicos, un patrimonio negativo de 3,2 billones de pesos y más de 109.000 quejas registradas desde 2024, relacionadas principalmente con barreras de acceso a citas médicas, medicamentos y tratamientos. El Fomag atiende a más de 820.000 afiliados entre maestros y sus beneficiarios, y la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado cuentas por pagar por más de 2,4 billones de pesos por servicios de salud, insumos y medicamentos.
Durante la transición se adoptarán las medidas necesarias para mantener la continuidad de la atención en salud, incluidos los tratamientos en curso y el acceso a medicamentos, así como el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas. “Continúa la atención en salud, las urgencias, los tratamientos y la entrega de medicamentos. Se mantienen las pensiones, cesantías y demás prestaciones. Siguen vigentes las obligaciones del Fondo con docentes, prestadores y proveedores”, informó el Ministerio de Educación.
Además, el Gobierno adelantará los estudios previos para definir las condiciones de una licitación pública que permita contratar un nuevo servicio, mientras se revisan y corrigen las condiciones de administración y operación del sistema. El Ministerio de Educación le pidió a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que asegure la operación durante la etapa de transición y solicitó a la Supersalud especial seguimiento y vigilancia para que se garantice la prestación de los servicios de salud a los maestros y sus familias por parte de las IPS, con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación.
Fiduprevisora, por su parte, informó que se acoge a la decisión del Consejo Directivo del Fomag y garantizará el proceso de transición y la continuidad en la prestación de los servicios.
“Quienes han dedicado su vida a educar a Colombia tienen derecho a un Estado que responda. La salud de los maestros no es una bandera partidista: es un derecho, y el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella asume la responsabilidad de protegerlo”, concluyó el comunicado de Presidencia.
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Comunicado de Presidencia
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