Judicializados por vender el ‘paquete completo’ de diplomas falsos

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de cuatro funcionarios y exfuncionarios públicos, presuntos integrantes de una red señalada de vender documentos falsos.

La investigación fue adelantada por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, quien logró establecer que el grupo delincuencial se dedicaba a la obtención ilícita de diplomas de bachiller y universitarios, libretas militares y otros documentos, por los que cobraban millonarias sumas de dinero.

Dentro de la actividad, ofrecían paquetes que incluían diploma de bachiller o de carreras universitarias y técnicas, con las respectivas actas de grado, y certificaciones e informes de calificaciones con promedios entre 3.5 y 4.0, cobrando entre 8 y 26 millones de pesos.

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Usaban sus puestos y conexiones para conseguir los documentos falsos

Los procesados son Héctor Martínez Palomino; Juan Guillermo Benavides Castañeda, funcionario de carrera del Ministerio de Trabajo; Luz Marina Amaya Cruz y Norberto Herrera Parra, excontratista de la Gobernación de Risaralda.

“En la investigación se estableció que, al parecer, cumplían diferentes roles ilícitos como ubicar posibles ´clientes´, contactar trabajadores de centros educativos privados o públicos, y gestionar la modificación de bases de datos y registros para que fueran incluidos como egresados personas que nunca estuvieron inscritas ni asistieron a clases en los colegios o universidades que expedían los títulos”, informó la Fiscalía.

Entre los casos documentados durante la investigación, está de los diplomas de bachillerato y varias libretas militares falsas entregados a los nietos de una anciana; el trámite del título universitario de enfermería a una joven; los de ingeniería industrial y trabajo social a un hombre; y una certificación para que una mujer ejerciera la homeopatía, superando los controles de las autoridades de salud.

Además, los procesados habrían sido intermediarios en entidades públicas para la asignación de contratos, por lo que exigían el 10% del contrato conseguido.
“Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los cuatro señalados integrantes de la red los delitos de concierto para delinquir y obtención de documento público falso.

Adicionalmente, a Luz Marina Amaya Cruz le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados”, agregó el ente investigador.
Las personas fueron llevadas ante una juez de control de garantías, quien les dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.