Brasilia, 27 sep (EFE).- Una comisión del Senado brasileño aprobó este miércoles un proyecto que restringe el derecho de los indígenas a la tierra y que va en contra de una sentencia dictada la semana pasada por la Corte Suprema en favor de los pueblos originarios.
El proyecto propone darle fuerza de ley al "marco temporal", una tesis rechazada por el Supremo el pasado jueves con una mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, que limita los derechos de los indígenas a las tierras que ocupaban al día 5 de octubre de 1988, cuando fue promulgada la actual Constitución brasileña.
Tras ser aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, por 16 votos contra 10, el texto será debatido en el pleno de la Cámara alta, en el cual existe una mayoría conservadora que ha criticado en muy duros términos lo que califica de "intervenciones" de la Justicia en las cuestiones legislativas.
Los grupos conservadores se han plantado contra decisiones del Supremo, que ha comenzado a debatir la descriminalización del aborto hasta las 12 semanas y la posible liberación, con ciertos límites, de la marihuana para fines recreativos.
El relator del proyecto sobre el "marco temporal", Marcos Rogério Brito, rechazó este miércoles las presiones del oficialismo, desde el cual se alegó que, aún si fuera aprobada por el pleno del Senado, la nueva disposición sobre tierras indígenas será denunciada al Supremo y declarada inconstitucional.
La senadora Eliziane Gama, de la base que apoya al Gobierno del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, también dijo que, aún antes de que el Supremo decida una posible demanda, el propio presidente vetará la propuesta, con lo que volvería a las cámaras para nuevas deliberaciones.
Sin embargo, Brito no aceptó esos argumentos. "La competencia del Supremo es clara en la Constitución, pero es tan clara como lo es la competencia del Poder Legislativo", afirmó el relator, quien rechazó que el proyecto sea un "desafío" a la corte o que puede provocar un eventual conflicto institucional.
En favor del proyecto, impulsado por grupos de la ultraderecha que defienden los intereses de poderosos empresarios del campo, Brito aseguró que le dará "seguridad jurídica" a aquellos colonos que ocupan desde hace décadas áreas reclamadas por los indígenas, aunque lo hacen bajo una dudosa legalidad.
El propio Supremo reconoció que muchas de esas personas, "de buena fe", pagaron por esas tierras a Administraciones regionales o municipales, que las vendieron al amparo de muchas lagunas legales que existían sobre esa cuestión antes de la Constitución de 1988.
Para esos casos, la corte discutirá formas de indemnización que aún no ha definido.
El fallo del Supremo contra el "marco temporal" fue celebrado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la cual consideró que esa tesis habría tenido consecuencias "extremadamente graves" para las comunidades indígenas y perpetuaría injusticias históricas sufridas por estos pueblos.
Por: EFE
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