Túnez, 2 nov (EFE).- El presidente tunecino, Kais Saied, se opondría al actual proyecto de ley contra la normalización con Israel, cuyo debate inició este jueves el Parlamento, al ser utilizado como un "instrumento electoral" y que ha dividido a los diputados en torno a la urgencia de su adopción.
"El Presidente de la República me confirmó textualmente, en presencia de los dos vicepresidentes del Parlamento, que la propuesta de ley que penaliza la normalización perjudicará los intereses exteriores de Túnez, que entra dentro de la categoría de un ataque a la política exterior del Estado y la seguridad y que este tema ha adquirido un carácter electoral y nada más", explicó el presidente de la cámara, Brahim Bouderbala ante el hemiciclo.
Mientras la sesión parlamentaria prosigue en una jornada maratoniana que dura ya más de doce horas, varios videos compartidos por los propios parlamentarios muestran a decenas de ellos abandonando sus escaños, algunos subidos en las mesas, al grito de consignas a favor de votar este texto.
El debate estaba previsto inicialmente el pasado lunes pero, según algunos bloques parlamentarios, fue aplazado de manera "unilateral" por Bouderbala, al que acusan de tratar de abortar esta iniciativa.
El borrador de texto, redactado en julio pasado y que contiene siete artículos, ha polarizado a los 161 diputados: mientras unos piden acelerar el procedimiento ante la urgencia de la situación en Gaza, otros alertan de la diligencia de una ley que debería debatirse con calma y en consulta con los diferentes ministerios implicados.
El borrador de ley prevé de seis a doce años de cárcel y cadena perpetua en caso de reincidencia por cualquier reconocimiento, relación directa o mediación hacia la "entidad sionista" por parte de una persona física o jurídica tunecina, ya sea en un marco comercial, cultural, económico, político, militar, científico o deportivo; "con excepción de los palestinos internos".
Este delito será considerado como "alta traición", cuya sanción será "imprescriptible" y no tendrá en cuenta ninguna "circunstancia atenuante", y estará acompañado de multas de entre 10.000 y 100.000 dinares (equivalente a 3.000 y 30.000 euros).
En una entrevista ofrecida a la cadena pública ayer, el responsable de Exteriores, Nabil Ammar, pidió más tiempo para estudiar las "repercusiones" de esta futura ley y se preguntó "no tenemos ninguna relación con la entidad sionista, entonces, ¿qué criminalizamos?".
El pasado marzo, el Parlamento abrió sus puertas 20 meses después de que el presidente se hiciera con plenos poderes y decretara su suspensión "para preservar la paz social", sin presencia de partidos y con prerrogativas limitadas que hacen temer que se convierta en un simple instrumento del Poder Ejecutivo.
Por: EFE
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