Desde la izquierda, los voceros del ELN Pablo Beltrán y Antonio García participan en una reunión con voceros del gobierno de Colombia hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó este lunes las órdenes de captura suspendidas desde 2022 y 2023 a 31 miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que habían sido designados por el Gobierno Nacional como voceros en los diálogos de paz. Esta medida responde a la grave escalada de violencia en la región del Catatumbo, atribuida al grupo armado, que ha puesto en riesgo la vida de la población civil, líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.
Desde el 16 de enero, el ELN desató una serie de actos criminales en la región, desencadenando una tragedia humanitaria y múltiples delitos. La violencia fue confirmada por uno de sus máximos jefes, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio García”, a través de un mensaje en la red social “X”, y ratificada por otro cabecilla del grupo, Gregorio Manuel Pérez Martínez, en varias comunicaciones emitidas entre el 17 y el 19 de enero.
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Ante estos hechos, la Fiscalía determinó que los integrantes del ELN habían incumplido las condiciones para la suspensión de las órdenes de captura. De acuerdo con la Resolución No. 00015 de 2025, emitida por la fiscal general, la reactivación de las órdenes de captura obedece a la comisión de nuevos delitos por parte de los miembros del grupo armado y a la interpretación de la Corte Constitucional sobre este tipo de medidas.
A partir de este lunes, se reactivan las órdenes de captura contra figuras claves del ELN, como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Chamorro Acosta, Aureliano Carbonell y otros líderes de la organización armada. La decisión fue comunicada al presidente de la República, al consejero para la Paz y a las autoridades de policía judicial para su ejecución.
Este acto administrativo también deroga resoluciones previas que habían suspendido las órdenes de captura de estos líderes del ELN, quienes fueron inicialmente acreditados para participar en las mesas de negociación de paz con el Gobierno. La revocatoria de estos beneficios refleja el fracaso en las negociaciones y la persistencia de la violencia por parte del ELN.
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