El canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán. EFE/Rayner Peña R.
En una decisión de segunda instancia que pone fin al proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación confirmó la sanción a Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores.
La medida, que no admite ningún tipo de recurso, lo destituye de su cargo y lo inhabilita para ejercer funciones públicas por un período de 10 años, debido a irregularidades en la licitación para la fabricación y expedición de pasaportes.
El Ministerio Público ratificó que el entonces canciller incurrió en una falta gravísima al declarar desierto el proceso licitatorio.
Según la investigación, esta decisión careció de un fundamento legal sólido y vulneró los principios que rigen la contratación estatal, como la transparencia, la economía y la responsabilidad.
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La Procuraduría determinó que Leyva actuó con dolo, desconociendo su deber de garantizar la selección objetiva, incluso cuando el único oferente que se presentó cumplía con todos los requisitos establecidos.
El fallo subraya que la anulación del proceso, con el argumento de que solo se había presentado una propuesta, fue una medida que no se ajustó a la normativa vigente.
De esta manera, la Procuraduría concluyó que el exfuncionario no actuó con la finalidad de proteger el interés público, sino que desconoció abiertamente los parámetros legales establecidos para este tipo de contrataciones.
Con esta decisión en firme, la sanción a Álvaro Leyva se convierte en un precedente definitivo en materia disciplinaria, que cierra el caso por las irregularidades que rodearon el proceso de expedición de pasaportes.
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