El 24 de junio, el Consejo Nacional Electoral proclamó a Abelardo de la Espriella presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030, tras imponerse en la segunda vuelta con el 49,66 % (Infobae, 2026). El 7 de agosto asumirá el mando. El margen fue estrecho, pero conviene leerlo con calma: parte del caudal opositor provino de territorios donde los grupos armados y las maquinarias clientelistas han condicionado históricamente el voto, con denuncias de presunta compra de sufragios. No todo ese número es respaldo ideológico. Que, en esas condiciones, De la Espriella se haya impuesto tiene algo de milagro, y arranca con una legitimidad que la observación electoral validó. La Patria Milagro no se hará con discursos, sino con trabajo. Estas son las necesidades, encadenadas entre sí, por las que debe empezar.
La primera es restablecer la seguridad y la autoridad del Estado. Ningún país prospera bajo el imperio del miedo, y Colombia lo vivió: los grupos armados crecieron casi un 45 % desde 2022 (Razón Pública, 2026). El gobierno debe recuperar el control territorial, enfrentar sin ambigüedades a las estructuras criminales y devolverle a la fuerza pública el respaldo que perdió, restableciendo la autoridad legítima del Estado donde hoy mandan los violentos. La designación del general (r) Jorge Mora en el empalme de Defensa apunta en esa dirección.
La segunda, inseparable de la primera, es derrotar al narcotráfico, motor financiero de esa violencia. Con la coca en récord —261.000 hectáreas y unas 3.000 toneladas de cocaína en 2024 (Infobae, 2026a)—, la erradicación voluntaria mostró sus límites. Retomar la aspersión, dentro del marco legal y con los controles que la Corte ha exigido, es una herramienta que no puede seguir descartándose por ideología. Hay que atacar el cultivo, la producción y las finanzas criminales a la vez.
La tercera, una vez recuperado el orden, es encender la economía por la vía minero-energética. No firmar nuevos contratos de exploración de petróleo y gas desde 2022 hundió la inversión del sector —cayó cerca de un 42 % entre 2022 y 2025 (La República, 2025)— y los ingresos petroleros pasaron de 41,7 a 21,7 billones (Infobae, 2026b). Hay que reactivar este sector con responsabilidad, pero con una transición ambiental ordenada y financiada, no una renuncia abrupta. Petróleo y gas que ayuden a pagar las energías limpias del futuro.
La cuarta, que sostiene a la anterior, es recuperar la inversión y la confianza. La inseguridad jurídica ahuyentó capital hacia destinos vecinos; restablecer la estabilidad de las reglas y respetar los contratos es la mejor política de inversión extranjera. Y hace falta un Estado aliado —no obstáculo— del crecimiento: menos trámites, formalización y crédito para la pequeña y mediana empresa. El Estado no crea riqueza, pero puede quitar las piedras del camino de quienes sí la crean.
La quinta lleva ese crecimiento más allá del centro: el desarrollo de las regiones. Cerrar la brecha regional exige obra civil que conecte al país —vías terciarias, distritos de riego, acueductos y energía para los territorios olvidados— y una apuesta agraria decidida: financiar al campesino, dar seguridad jurídica a la tierra, tecnificar la producción y llevar los productos al mercado. Unas regiones conectadas y un campo próspero generan empleo y arraigo, y son el mejor antídoto contra la coca y la violencia, que florecen donde el Estado no llega, enlazando de nuevo con la seguridad del comienzo.
La sexta, que hace posibles todas las demás, es reestructurar el Estado sin destruir lo que funciona. Reformar no es demoler: la salud necesita ajustes, pero acabar con las EPS —como se intentó por la vía del choque— dejaría a millones sin aseguramiento. Lo sensato es corregir fallas, sanear recursos y reforzar la vigilancia. Esa lógica —bisturí, no mazo— debe guiar la austeridad: con la calificación rebajada a BB por Fitch (El Colombiano, 2025), no hay margen para el despilfarro. Fusionar entidades redundantes y reducir la burocracia libera recursos para todo lo anterior.
Las decisiones tempranas del empalme respaldan ese rumbo. El “empalme anticorrupción”, encabezado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, revisa cómo quedan las finanzas del Estado y los primeros nombramientos —Miguel Gómez Martínez en Hacienda y Rodrigo Lara en el Interior— son señales de seriedad.
Nada de esto será fácil ni rápido; se hereda un país con las cuentas tensionadas y la seguridad golpeada. Pero las grandes reconstrucciones empezaron siempre por una decisión firme y la fe de que el esfuerzo vale la pena. La Patria Milagro se levantará con trabajo honrado, instituciones respetadas y, para quienes creemos, con la ayuda de Dios. Si el gobierno acierta en estas necesidades, será un buen gobierno, y Colombia volverá a ser un país más grande, seguro y próspero. Empieza el trabajo.
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