Fotos: Archivo
El partido Centro Democrático ha elevado una grave denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, alertando sobre la existencia de información que sugiere que grupos criminales no identificados estarían ofreciendo hasta ocho millones de dólares (USD $8.000.000) para perpetrar atentados contra la vida de varios líderes políticos y de opinión en Colombia.
La información fue comunicada a la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón, a través de una carta firmada por el Director Nacional del Partido Centro Democrático el 9 de junio de 2025. En el documento, la colectividad señala que estas “informaciones a título de comentario” están circulando en la Fiscalía de Medellín.
Según el comunicado, los presuntos objetivos de estos millonarios atentados serían el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la senadora y miembro del Centro Democrático María Fernanda Cabal Molina, el abogado Abelardo De La Espriella Otero, y la periodista y precandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos.
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La carta subraya el “carácter extremadamente sensible de esta alerta” y el “contexto Nacional de creciente hostilidad y violencia contra líderes de oposición”. Por ello, el partido solicitó de manera “urgente e inmediata” que la Fiscalía General de la Nación inicie las acciones investigativas correspondientes para verificar la veracidad de la información recibida.
Esta grave denuncia se suma a la ya tensa situación de seguridad que vive el país, especialmente tras el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La misma Vicky Dávila había denunciado previamente, a través de un trino, que un militar de inteligencia le había advertido de un plan terrorista de las disidencias de las Farc, lideradas por alias “Mordisco”, que la incluía a ella, a María Fernanda Cabal y que también había ordenado el ataque contra Uribe.
La revelación de una cifra tan elevada por la vida de figuras públicas resalta la extrema gravedad de las amenazas y la necesidad de una respuesta contundente por parte de las autoridades para garantizar la seguridad de los líderes políticos y la estabilidad democrática del país.
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