Minuto30.com .- La “silla vacía” en el Congreso de Colombia es una sanción legal que busca combatir la corrupción y los vínculos criminales en la política. No se trata simplemente de que un congresista deje su puesto, sino de una medida que afecta directamente al partido o movimiento político que avaló a ese congresista.
Es una figura jurídica que implica que la curul de un congresista que ha sido condenado o vinculado a ciertos delitos no puede ser ocupada por nadie más durante el resto del período legislativo. Es decir, esa silla permanece literalmente vacía en el Congreso.
Su objetivo principal es responsabilizar a los partidos políticos por la idoneidad de los candidatos que avalan. Se busca que las colectividades tengan un mayor cuidado al momento de otorgar su respaldo, castigándolas con la pérdida de la representación si sus miembros son encontrados culpables de ciertos crímenes.
La silla vacía se aplica principalmente en casos de condenas ejecutoriadas (en Colombia o en el exterior) por delitos relacionados con:
* Vinculación a grupos armados ilegales.
* Actividades del narcotráfico.
* Delitos dolosos contra la administración pública (corrupción como peculado, concusión, cohecho, etc.).
* Delitos contra los mecanismos de participación democrática (fraude electoral).
* Delitos de lesa humanidad.
La aplicación de la silla vacía trae como consecuencias que el partido político no puede llamar a un reemplazo (el siguiente en la lista) para ocupar esa curul. Esto tiene un impacto directo en el quorum de la respectiva cámara (Senado o Cámara de Representantes) y, a largo plazo, puede afectar el desempeño electoral y el número de escaños del partido en futuras elecciones.
Esta figura cobró relevancia en Colombia debido a la alta incidencia de casos de “parapolítica” y corrupción en las últimas décadas. La Ley 1475 de 2011 y el Acto Legislativo 02 de 2015 son normas clave que han regulado y ampliado su aplicación.
En resumen, la silla vacía es una herramienta legal que busca fortalecer la transparencia y la ética en el Congreso colombiano, castigando no solo al congresista corrupto, sino también al partido que lo llevó al poder.
Para que sea aprobada, como en el caso reciente de Iván Name, debe contar con la mayoría simple de los votos.
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