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Por presuntas irregularidades en un proceso contractual adelantado por un valor cercano a los $4 mil millones, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa en la Gobernación de Santander.
“En una red social se señaló que la contratación cuestionada tendría por objeto la adquisición de dotación general y algunos elementos para el desarrollo de proyectos productivos, y formación musical y deportiva en algunos de los centros de Atención Especial para menores infractores”, manifestó la Procuraduría.
El ente de control indaga si el proceso iniciado por la administración departamental en la actual vigencia fue suspendido luego de que se reportaran observaciones y sobrecostos, según lo expuesto en la denuncia.
Además la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar e individualizar al servidor o servidores públicos presuntamente comprometidos, establecer la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares y las circunstancias en las que se habrían cometido para determinar si constituyen faltas disciplinarias y el posible perjuicio causado.
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