Archivo/EFE
Vista del Castillo de San Felipe de Barajas. EFE
La Procuraduría consideró hoy “innecesario e improcedente” que funcionarios de la Alcaldía de Cartagena de Indias viajen a la sede de la Unesco en París para explicar su posición sobre la construcción de un edificio cerca al Castillo de San Felipe de Barajas, declarado Patrimonio de la Humanidad.
“El desplazamiento de una comisión hasta París generaría un gasto con cargo al patrimonio público de los cartageneros, que desde la Procuraduría encontramos innecesario e improcedente”, manifestó el Ministerio Público en una carta remitida a la alcaldesa encargada de esa ciudad, Yolanda Wong Baldiris.
El proyecto Aquarela, cuya construcción puede afectar el entorno del Castillo de San Felipe de Barajas, consta de cuatro torres de 30 pisos cada una, la primera de las cuales ya está en construcción.
Esa torre es visible a uno de los costados de esa fortaleza militar, considerada una de las obras de ingeniería militar más importantes del período colonial en Latinoamérica.
Según la Procuraduría, existen medios tecnológicos para que la Alcaldía comunique a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) sus “observaciones” sobre la opinión que dio con respecto a este tema.
La directora del Centro de Patrimonio Mundial de la organización, Mechtild Rossler, recomendó la semana pasada a las autoridades locales “detener indefinidamente” la construcción del edificio residencial Aquarela.
“La misión recomienda al Estado continuar con los esfuerzos realizados y hacer uso de todos los instrumentos legales para detener indefinidamente la construcción del proyecto y demoler lo que se ha construido”, manifestó Rossler.
Según la directora, el edificio representa una amenaza para la “conservación de los atributos” que posee el Castillo de San Felipe que lo catalogan como un “valor universal excepcional”.
De igual forma, la Procuraduría recalcó que Wong Baldiris había indicado en diversas ocasiones que la controversia ha sido asumida por autoridades judiciales y ante ellos la el Distrito pueden fijar su posición.
EFE
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