Minuto30.com .- La crisis energética en la región Caribe toma un nuevo rumbo en el ámbito disciplinario. La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación formal contra el exministro Edwin Palma y los ex agentes interventores de la empresa Air-e, Diana María Bustamante Rueda y Nelson Javier Vásquez Torres, por su presunta responsabilidad en el manejo de la compañía.
El proceso es adelantado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa, bajo la dirección de José Rodrigo Vargas del Campo. La decisión se tomó luego de evaluar un «informe preventivo con fines disciplinarios» remitido por la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 3 Para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios.
De acuerdo con las conclusiones preliminares del organismo de control, durante los tres periodos en los que la empresa ha estado intervenida, se evidenció un patrón de «presuntas omisiones continuadas y progresivamente agravadas» que, lejos de mitigar la crisis de la prestadora de energía, terminaron profundizándola.
El expediente revela cifras críticas sobre el estado de la compañía durante la administración directa del Estado. Según la Procuraduría, existió una «ausencia de solución empresarial que se prolonga dieciséis meses». En este periodo, los indicadores financieros sufrieron un grave deterioro:
La deuda postoma se disparó dramáticamente, pasando de $833.000 millones en febrero de 2025 a $2,23 billones al cierre de diciembre de 2025.
El indicador IPT (Índice de Pérdidas Totales) se deterioró, escalando del 29,37% al 31,20%.
El patrimonio neto de la compañía pasó de ser positivo a registrar saldos negativos.
El Ministerio Público ha puesto un énfasis particular en la gestión del exministro Edwin Palma Vega, quien se desempeñó como agente interventor de Air-e entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Sobre su administración, se están evaluando tres hechos considerados jurídicamente relevantes.
La principal línea de investigación contra Palma se centra en el presunto incumplimiento en el traslado de los recursos recaudados por concepto de alumbrado público que debían ser entregados a los entes territoriales.
La Procuraduría advirtió que «AIR-E acumuló retrasos en el traslado de recursos de alumbrado público a los municipios», una situación que el ente de control señala no fue saneada y que ha derivado en un efecto dominó de problemas legales y financieros para la empresa en la región:
Procesos penales activos instaurados en el Distrito de Santa Marta.
Investigaciones tributarias adelantadas por la Alcaldía del municipio de Soledad (Atlántico) por un valor que supera los $19.000 millones.
Un proceso de cobro impulsado por la sociedad Dolmen por una suma superior a los $13.000 millones.
Las autoridades disciplinarias continuarán con la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades individuales de los exfuncionarios en este presunto detrimento y mala administración de la prestadora de servicios públicos.
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